Retroceso de Derechos Humanos en tiempos tecnológicos. Visión Restaurativa.

Por Romina Florencia Cabrera.

Las conquistas sociales son maravillosas, pues permitieron un avance en el respeto a los Derechos Fundamentales y en el avance de la Humanidad, hacia el logro de la paz y convivencia social. Lo hemos observado en Tratados, Convenios de Cooperación Internacional e internos, en procesos judiciales, en la Academia, en el arte, en la vida cotidiana…

Una sociedad que no utiliza con frecuencia actitudes y términos discriminatorios, que integra de manera inclusiva a sectores vulnerables y diversifica sus políticas públicas hacia un enfoque más amplio y tolerante, avanza sin ninguna duda hacia un estado superior en estándares de respeto a los Derechos Humanos.

Las Tecnologías de las Información y la Comunicación son maravillosas para unir personas  y proyectos, acortan distancias y mejoran la transmisión de los mensajes: pero que sucede cuando el discurso de odio y menoscabo de esos Derechos Fundamentales se hace presente en estos medios tecnológicos?…

El caso de Internet y su mayor manifestación, las Redes Sociales, ha aumentado la velocidad  y frecuencia de esa trasmisión de mensajes.  Estamos totalmente de acuerdo con una internet abierta, inclusiva, libre y diversa para todos los sectores. Pero la libertad de expresión no implica la lesión al honor y a la dignidad humana de Grupos sensibles, sujetos de persecución y discriminación, víctimas de manifestaciones neonazis o extremistas de todo tipo.

El avance logrado en materia de Protección y Promoción de los Derechos Humanos a través de mecanismos y Tratados Internacionales, se ve menoscabado por los mensajes ofensivos  y discriminatorios en los medios digitales.

No estamos procurando censura en Internet. Eso sería el mayor error de todos los tiempos. Internet debe ser libre y abierta para todos los sectores, según el modelo de Múltiples partes interesadas en su gestión. Lo que se debe procurar, es un debido seguimiento, identificación y detección de estos grupos, para que debidamente retiren ese contenido violento de la Web, y además reciban una pena tipificada en los Códigos Penales, más un complemento de arrepentimiento diagramado dentro de la Justicia Restaurativa, para promover valores y lograr una mediación y respeto hacia las víctimas.

La Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci (2004; p.10) precisa a la Justicia Restaurativa como “(…) a la variedad de prácticas que buscan responder al crimen de un modo más constructivo que las respuestas dadas por el sistema punitivo tradicional (…)” Esta vía lo que busca, tal como lo enuncia Zehr (2007) es “(…) involucrar, dentro de lo posible, a todos los que tengan interés en una ofensa particular, e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivadas de esa ofensa (…)” En una sociedad que se encuentra en crisis, presentando hechos cada vez más violentos y que se presenta intolerante ante el otro, referirnos a la Justicia Restaurativa es una apuesta ardua, pese a ello emerge necesario ponerla en marcha, a los efectos de la construcción de un sistema de justicia que garantice la paz social.[1]

El infractor, que asume los hechos responsablemente y se hace cargo de sus propias acciones, es un motor que genera un triple incentivo optimista: a) para con él mismo, ya que es más fácil cumplir con el compromiso voluntariamente asumido que con una condena impuesta por el sistema punitivo tradicional, a la vez que le otorga una legitimidad mayor ante sí mismo y ante la sociedad, reconociendo su error y buscando reparar el daño causado; b) para con la víctima, que logra conocer del propio infractor las razones y la historia detrás del hecho que lo perjudicó, lo coloca en la situación de protagonista del procedimiento, evitando la situación de postergación que viviría en un proceso penal tradicional y, eventualmente, obtener un sincero pedido de disculpas; c) la comunidad logra mantener la paz en su seno, con la posibilidad de participar en el procedimiento de resolución del conflicto y generar los canales para evitar futuros hechos similares.

El propósito principal que busca alcanzar la Justicia Restaurativa, como el mismo término indica, no es otro que el de “reparar”, más no hay que dejarse llevar por la inercia de pensar que hace referencia a una mera compensación económica del daño causado, puesto que cuando en la Justicia Restaurativa se habla de “reparar”, se apunta más allá y con un sentido más profundo y trascedente de lo que la teoría general del derecho de daños refiere.[2]

PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD:

“Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege”, célebre axioma en latín, que plasma el denominado “Principio de Legalidad Penal”, que consiste en el fundamento en virtud del cual ningún hecho puede ser considerado como delito sin que una ley anterior lo haya previsto como tal, que en nuestro país posee jerarquía constitucional

La ley penal in abstracto describe una conducta como punible y prevé una sanción. No obstante, es necesario que el Estado -quien tiene el monopolio de la fuerza- a través de sus órganos persecutorios impulse la investigación y verifique la existencia del hecho, la participación del imputado y, si corresponde, aplique la sanción al responsable. Esto, se conoce como “principio de oficialidad”, que no debemos confundirlo con el “principio de legalidad procesal”, según el cual tiene el Estado la obligatoriedad de la persecución, de todos los hechos punibles de los que se tome conocimiento. De este modo, nuestro país consagra el principio de legalidad (o indisponibilidad), que puede entenderse como “la automática e inevitable reacción del Estado a través de sus órganos predispuestos, para que frente a la hipótesis de la comisión de un hecho delictivo comiencen a investigarlo, reclamen luego el juzgamiento y si corresponde el castigo.[3]

Por otra parte, en materia de política criminal, cabe mencionar el “principio de oportunidad (o disponibilidad)”, al que no debemos ver como antinomia del de legalidad -aunque mayormente así sucede- y que puede definirse “como la posibilidad que la ley acuerda a los órganos encargados de la investigación penal, por razones de política criminal o procesal, de no iniciar la investigación o suspender provisoriamente la ya iniciada, limitarla objetiva o subjetivamente, hacerla cesar definitivamente antes de la sentencia, aplicar penas inferiores a la escala penal fijada legalmente para el delito, o eximir a los responsables de ella “.

La mediación considera las causas reales del conflicto y las consecuencias del mismo, buscando la fórmula más idónea para satisfacer las necesidades personales de la víctima y del presunto infractor.[4]

Al decir del Dr. Norberto Daniel Barmat (2000), la mediación aparece como “un procedimiento institucional, tramitado previamente a la celebración de un proceso penal, en el cual un funcionario público, denominado mediador, colabora para que los actores del conflicto derivado de un hecho delictivo, conocido por alguna de las agencias del sistema penal, busquen solucionar sus diferencias a través de una negociación. El cumplimiento de un acuerdo lícito logrado entre las partes, extingue la pretensión penal”. Tanto en un juicio como en un proceso de mediación se presta un servicio de justicia, con la diferencia que en el primero, las partes pretenden que el juez (un tercero) decida qué es lo justo, mientras que en la mediación son los mismos participantes quienes se hacen cargo de un conflicto. Esto genera conciencia de responsabilidad y compromiso futuro para la resolución de otros conflictos que se presentan en cualquier orden de la vida.[5]

Los Discursos de Odio deberían prevenirse a través de la incorporación de esos sistemas de Control y Retribución social, para avanzar como Sociedad Integradora y Supera dora de Conflictos, hacia una Pacificación de las Disputas y a un orden en la Era Digital, para gozar de manera más eficiente y eficaz de los Derechos Fundamentales, y de las ventajas tecnológicas.

[1] “Justicia Restaurativa, Mediación penal y principio de Oportunidad: Nuevos caminos a la adopción de un sistemas pacífico de resolución de conflictos en el sistema penal”. Sitio Web: http://www.saij.gob.ar/maria-victoria-cavagnaro-justicia-restaurativa-mediacion-penal-principio-oportunidad-nuevos-caminos-adopcion-sistema-pacifico-resolucion-conflictos-sistema-penal-dacf150826-2015-11-11/123456789-0abc-defg6280-51fcanirtcod . Fecha de Consulta del Sitio : 23/10/2017.

[2] Óp. Cit. 1

[3] Óp. Cit. 1

[4] Óp. . Cit. 1

[5] Óp. Cit. 1.

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Das reflexões de José Antonio Gomes Pinho sobre sociedade da informação, internet, democracia e política.

Por Priscila Valduga Dinarte.

Dentro das diversas produções sobre democracia eletrônica, ciberdemocracia, ou acerca das tantas outras denominações que foram criadas para explicar as implicações do uso das Tecnologias de Informação ou Comunicação à(o) (des)serviço(?), da democracia, os questionamentos trazidos e as questões abordadas por José Antonio Gomes de Pinho, apresentadas no artigo intitulado “Sociedade da informação, capitalismo e sociedade civil: reflexões sobre política, internet e democracia na realidade brasileira”, merecem menção e destaque.

O autor, no referido texto, aborda pontualmente questões que perpassam o uso das tecnologias conjugadas com o fazer político. Inicialmente, refere que se tem uma formação societária hoje que se caracteriza pela centralidade da informação e que o advento das novas tecnologias acarretou em mudanças nessa própria sociedade que “ainda estão em aberto, e se transformam à medida que a própria internet redefine seu escopo e alcance” (PINHO, 2011, p.98).

Nesse sentido, afirma que, quando se fala em política, dois ramos são obrigatórios para análise. Em um lado, encontra-se o Estado, o qual “por meio de suas estruturas e como estas se adaptam à utilização da internet no sentido de promover a participação, interatividade, transparência e democratização de processos” (PINHO, 2011, p.98). Vale ressaltar que as iniciativas de governo eletrônico se concentram nessa esfera dos ramos da política. No outro lado, tem-se a sociedade, “em seus movimentos de atuação política e suas interações com o Estado exercendo um juízo crítico e participativo”.

Considerando essas duas esferas e a simbiose entre os atores da política, questiona-se se “em uma sociedade considerada passiva, acomodada, a internet teria condições de romper essa situação estrutural?” (PINHO, 2011, p.98). Veja, não se trata de uma questão que possa ser respondida ou debatida única e exclusivamente ao considerar a internet como a origem de todos os males ou a panaceia de todos os problemas, mas sim compreender de que forma essas relações se travam e se desenvolvem nesse meio.

Assim, o autor refere que existem dois diversos olhares quando da análise do uso da internet para o fazer político: os otimistas e os pessimistas. Os primeiros entendem que “estaríamos prestes a viver uma transformação radical da democracia representativa em democracia plebiscitária” (PINHO, 2011, p.99). O voto eletrônico, nesse sentido, seria uma das formas de participação dos cidadãos nas decisões concernentes à vida pública. Com isso, destacam-se iniciativas como a do Portal e-cidadania do Senado Federal brasileiro que permite ao cidadão a propositura de uma nova lei, participe de debates e opine sobre projetos de lei. Por outro lado, a análise pessimista destaca que tal contexto gera(rá) isolamento e alienação, bem como comercialização dos espaços públicos e surgimento de novas formas de colonialismo digital. Somado a isso, ressalvam que tais relações travadas no meio virtual aniquilam as interações face a face, como também, podem desvincular o sujeito de seu contexto local. Nesse sentido, vale o questionamento de se consultas feitas aos cidadãos consistentes em respostas de “sim” ou “não” são, de fato, interessantes para o desenvolvimento e legitimação de tais processos ditos democráticos.

O artigo aborda, ainda, que “apenas uma parcela pequena das pessoas teria disposição participativa e desejo de reconfigurar a sociedade e a política” (PINHO, 2011, p.100). Assim, constata o que denominou de “anemia participativa” presente na sociedade brasileira, situação que não se transforma única e exclusivamente pela possibilidade de participação democrática via internet. Ademais, apresenta a questão, que não pode ser ignorada quando realizadas análises sobre democracia eletrônica, que é a da brecha digital. Se boa parte da população brasileira ainda não tem acesso à internet, quem, de fato, pode e provavelmente vai fazer parte desses espaços de democracia ofertados no meio virtual? Assim, já se teria uma desigualdade de origem estrutural quanto à diversidade de vozes e opiniões dentro desses espaços de democracia eletrônica.

O artigo apresenta, também, algumas iniciativas de democracia eletrônica no mundo e termina concluindo que:

[…] o problema (e a salvação) não é da internet, deve ficar claro para não anular suas conquistas e avanços, e sim da especificidade da situação sociopolítica brasileira, reforçada pela posição assumida pela política na sociedade global contemporânea marcada pelo fim das grandes narrativas, das utopias (PINHO, 2011, p.105).

Dessa forma, o que fica claro é que a internet vai refletir em boa (ou toda) parte a estrutura, formação e características da sociedade em si. Logo, se há uma anemia participativa presente naquela determinada comunidade, tal característica irá se transportar para o mundo virtual.

Assim, o artigo aborda questões nevrálgicas do tema, de forma interessante, atual e crítica, ficando o convite à leitura!

Referência bibliográfica:

PINHO, José Antonio Gomes de. Sociedade da informação, capitalismo e sociedade civil: reflexões sobre política, internet e democracia na realidade brasileira. RAE. São Paulo, n.51, n.1, jan/fev. 2011.

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA E COMENTADA 20

Por Renata Corsini de Sales

Em continuidade às pesquisas realizadas pelo Observatório Permanente de Discursos de Ódio na Internet, a jurisprudência analisada e comentada desta semana provém do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que tem sob jurisdição os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. A pesquisa foi realizada no dia 30/10/2017, tendo como palavras chaves os termos “discriminação” e “religião”, obtendo 3 resultados totais, um deles com relevância quanto ao objeto pesquisado.

O Acórdão ora analisado foi julgado em 10 de dezembro de 2015 e teve como Relator o Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior. Trata-se de Apelação Criminal nº 12459 / PE, que tem como Apelante o Ministério Público Federal e não há indiciado figurando como Apelado. Denominaremos, entretanto, a autora da postagem a seguir referenciada,  tão somente de “A” a fim de preservar sua intimidade e resguardar o seu direito ao esquecimento.

Elucidadas tais questões preliminares, cumpre agora analisarmos a decisão supracitada.

A Apelação criminal provém de procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público Federal que objetivava a quebra de sigilo de dados telemáticos de “A”, a fim de que, com sua identidade revelada, houvesse a comprovação de materialidade e autoria do crime de racismo, previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89.

A mensagem investigada foi publicada no microblog Twitter e continha a seguinte frase: “Mais de 4 anos sustentando esses nordestinos? Ce fude” [sic].

Em primeira instância, o pedido ministerial foi indeferido, alegando o julgador a atipicidade da conduta de “A”, não sendo possível, ainda segundo o julgador, entender tal manifestação como crime de discriminação ou preconceito contra nordestinos, aduzindo ainda que, embora reprovável a conduta, a investigada não havia extrapolado sua liberdade de expressão. O juízo a quo entendeu ainda que a publicação não se enquadraria no tipo penal por não ser específica a uma pessoa, bem como entendeu não enquadrar-se no conceito de procedência nacional.

Em Apelação o Ministério Público Federal requereu a reforma da decisão e procedência do pedido, alegando que na mensagem citada “há discurso de ódio com objetivo de menosprezar grupo de pessoas em função de sua procedência nacional, restando, portanto, presente provas suficientes da materialidade delitiva quanto ao crime tipificado no art. 20 da lei 7.716/89” [sic].

O Ministério Público Federal alegou ainda que o objeto jurídico ferido pela mensagem é a autoestima e decoro da coletividade atingida, tratando-se de vítimas indeterminadas e visando proteger o interesse tipicamente coletivo, alegando, ainda que “o tipo penal menciona “procedência nacional” para incluir a vedação de idéias ou teorias baseadas na superioridade de um grupo de pessoas de uma certa origem, podendo ser compreendida como “procedência dentro de uma nação” “ [sic].

A Procuradoria Regional da República, por sua vez, manifestou-se pelo provimento do recurso, aduzindo que o tipo penal tem como objetivo impedir a propagação de discurso de ódio contra um grupo específico, no caso em análise os nordestinos, sem que haja distinção da norma entre procedência dentro ou fora de uma mesma nação.

A despeito do postulado pelo Ministério Público Federal e da manifestação exarada pela Procuradoria Regional da República, o Tribunal Regional Federal, em decisão unânime, manteve a decisão proferida pelo juízo ad quo.

Aduziu o Relator que:

“O teor da mensagem supostamente criminosa, a saber “Mais de 4 anos sustentando esses nordestinos? Ce fude”, postada em rede social após o resultado das eleições presidenciais ocorridas no ano passado, não se pode ser interpretada como dirigida a todo o grupo de pessoas que fazem parte de uma mesma raça, cor, etinia ou procedência nacional, tendo ela sido postada em razão de um contexto pós-eleitoral, em que foram muitas as manifestações populares insurgidas contra o resultado das eleições.”

O Relator explana ainda a impossibilidade de enquadrar a conduta à tipicidade da normal penal, tendo em vista que a mensagem não se dirige a todos os pertencentes e mesma procedência nacional, mas tão somente seria dirigida a determinados eleitores residente de dada região. Por fim, destaca-se a conclusão do Desembargador:

“Dessa forma, conclui-se que o teor da publicação que originou o procedimento investigatório em epígrafe, embora socialmente reprovável, não pode ser caracterizado como criminoso a amparar a quebra de sigilo telemático pretendido, mormente diante da falta de evidências de materialidade delitiva a amparar a medida perseguida.”

Por fim, cabe destacar, entretanto, que a contrario sensu do que explanou o Relator, o discurso de ódio se caracteriza, justamente, por ter destinação ampla, atacando todo um grupo de pessoas que partilham determinada característica. É o que leciona Brugger[1]:

“De acordo com a maioria das definições, o discurso de ódio refere-se a palavras que tendem a insultar, intimidar ou assediar pessoas em virtude de sua raça, cor, etnicidade, nacionalidade, sexo ou religião, ou que têm a capacidade de instigar violência, ódio ou discriminação contra tais pessoas.”

No mesmo sentido, afirma sobre o tema Silva et al.[2]  que o discurso de ódio distingue-se por ser composto de dois atos: o insulto e a instigação. O insulto apesar de dizer respeito à vítima, não se restringe a ela, resultando na agressão à dignidade de todo um grupo de pessoas que partilham o traço depreciado no discurso. A instigação, por sua vez, é voltada a possíveis outros leitores da manifestação violenta, que são chamados a participar do discurso discriminatório, ampliando sua abrangência.

Pode-se observar, portanto, que na mensagem publicada existem os dois elementos centrais que caracterizam o discurso de ódio. O insulto é destinado aos nordestinos como um todo, uma vez que “A” refere-se ao grupo como indivíduos a serem sustentados. A instigação, por sua vez, vem implícita, subentendida na revolta externada.

 

REFERÊNCIAS:

[1] BRUGGER, Winfried. Proibição ou proteção do discurso de ódio? Algumas observações sobre o Direito Alemão e o Americano. Revista Direito Público, v. 15, p. 117 a 136, Jan, fev, mar/2007. Disponível em:<https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/1418/884&gt;. Acesso em: 30 de outubro de 2017.

[2]SILVA, Rosane Leal da; MARTINS, Anna Clara Lehmann; BORCHARDT, Carlise Kolbe. Discursos de ódio em redes sociais: jurisprudência brasileira. Revista Direito GV, v. 14, p. 445-468, jul-dez 2011.  Disponível em: <http://direitosp.fgv.br/publicacoes/revista/artigo/discursos-de-odio-redes-sociais-jurisprudencia-brasileira&gt;. Acesso em: 30 de outubro de 2017.

Nudianos apresentam trabalhos no 4º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade.

Nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2017, ocorreu o 4º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade: Mídias e Direitos da Sociedade em Rede, na Universidade Federal de Santa Maria – RS.

Foram três dias de painéis, apresentações de trabalhos e palestras. Os pesquisadores do Núcleo de Direito Informacional, assim como os do Observatório Permanente de Discursos de Ódio na Internet, apresentaram artigos relacionados as pesquisas desenvolvidas nos grupos.

Abaixo alguns registros fotográficos…

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“O ÓDIO NA INTERNET”: documentário francês sobre o discurso de ódio na Internet

Por Rafaela Bolson Dalla Favera

Quando do nascimento da Internet e, em especial, dos sites de redes sociais, os indivíduos conquistaram um novo espaço público e online, apto a lhes proporcionar uma maior liberdade. Se expressar se tornou uma prática comum na rede, especialmente em sites como o Facebook, Instagram, Twitter, entre outras redes sociais, pois a interação e o diálogo são constantes.

Contudo, os discursos de ódio na Internet são frequentes e, muitas vezes, toleráveis pelos próprios internautas. Essa realidade não se apresenta apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Entre uma mensagem discriminatória e outra, que incita a violência, a questão é quase sempre a mesma: liberdade de expressão ou discurso de ódio?

Recentemente, em 2014, o documentário francês “O ódio na Internet” (Les réseaux de la haine), produzido por Mélanie Gallard e Rokhaya Diallo, foi lançado sobre o tema.

 

Rokhaya Diallo, jornalista francesa, diariamente utiliza os sites de redes sociais para se expressar, em especial o Twitter. Muito embora tenha recebido e ignorado inúmeros comentários agressivos, um deles lhe incomodou profundamente, qual seja: “Alguém tem que estuprar a idiota da Rokhaya. Assim o racismo acaba.”.

A partir dessa mensagem, a jornalista começou a pesquisar mais sobre os discursos de ódio proferidos na Internet e passou a se questionar: O que alimenta tanto ódio? Podemos falar qualquer coisa na rede sem sofrer consequências? Como podemos parar essa onda de ódio? Perguntas que, muitas vezes, acompanham e atormentam as vítimas desses discursos.

Rokhaya percebeu, em seguida, que muitas pessoas são vítimas de discurso de ódio na França, não apenas personalidades, mas também pessoas comuns. Marland, blogueira, jogadora de videogame e fã da cultura geek, é uma dessas pessoas. Ela escreveu e publicou um artigo criticando o universo machista dos apaixonados por videogame, especialmente as representações sexistas, a violência misógina e a dificuldade das mulheres em serem aceitas e reconhecidas nesse universo.

Após, Marland recebeu inúmeras mensagens, tanto positivas quanto negativas, mas as negativas surpreenderam: “Vamos enfiar um pepino na bunda dela.”, “Por mim, essas vadias já teriam sido esterilizadas.”, “Feministas idiotas. Sempre acham defeitos nas coisas.”, “É solteira, lésbica e feia, mas não precisa encher nosso saco.”, “Vou comer a bunda dela com uma furadeira.”.

Além de Marland, Claude Mathieu também sofreu ao receber comentários incitando o ódio e a violência contra seu filho no Facebook. Rayan possui uma doença genética rara, conhecida como leucodistrofia, que o impossibilita de falar e de caminhar. Disposto a dividir sua experiência com outros pais, para que esses conhecessem e se informassem melhor sobre a doença, Claude criou uma página naquela rede social.

Porém, alguns comentários recebidos foram no seguinte sentido: “É hora do Rayan seguir para a luz.”, “Tudo que é raro é caro. Vocês têm sorte. Ele deve valer uma fortuna em sites pedófilos.”. “Quero que ele morra. A mãe é árabe, o pai é gordo e o Rayan é deficiente. A temporada de caça ao lixo da sociedade está aberta.”, “Quando seu filho vai morrer com muita dor?”.

Outro caso que ficou conhecido na França foi da #UmBomJudeu (#UnBonJuif). As hashtags chamaram a atenção da União dos Estudantes Judeus da França, posto que incentivavam o assassinato do povo judeu: “Um bom judeu tem gosto de queimado.”, “Um bom judeu tortura seis palestinos toda manhã.”, “Um bom judeu são cinzas.”, “Um bom judeu é um judeu morto.”.

Esses casos revelam o quanto os discursos de ódio na rede são comuns na França e preocupam a todos. Uma pesquisa constatou que a França é o país que lidera o ranking de pedidos de remoção de tweets do ambiente online. Em 2013, 87% das solicitações provieram daquele país, que possui menos de 1% da população mundial.

Quanto à jornalista Rokhaya, ela foi orientada pelo seu advogado, Dr. Kevin Grossmann, a primeiro solicitar ao Twitter a identidade do ofensor, que se valeu do anonimato para realizar a publicação. Sabendo quem lhe enviou aquele comentário agressivo, ela poderia ajuizar uma ação.

Todavia, a rede social negou revelar a identidade do ofensor sem uma ordem judicial prévia. Algum tempo depois, a Procuradoria Geral descobriu quem tweetou, e então a ação por injúria, difamação e incitação à violência foi ajuizada. Por fim, o ofensor foi condenado ao pagamento de dois mil euros de multa, mais danos morais por cada um dos crimes praticados, o que foi interpretado pelo advogado e pela jornalista como uma boa condenação.

O Twitter, assim como o Facebook e outros tantos sites de redes sociais, são norte-americanos. Nos Estados Unidos, a primeira emenda à Constituição, bem como a Suprema Corte, consideram a liberdade de expressão como um direito absoluto. Por essa razão, os provedores resistem a fornecerem dados sobre os seus clientes, ou a excluírem as publicações realizadas. Contudo, eles esquecem que a Internet é uma rede aberta, sem limites territoriais. Nela, a dignidade da pessoa humana deve prevalecer sobre os discursos de ódio (FREITAS, CASTRO, 2013).

No final do documentário, Rokhaya questiona: Será que o caminho legal é a melhor solução? Posto que proibir, ou mesmo punir, a expressão da raiva não acabará com ela. Vale a reflexão…

REFERÊNCIAS

FREITAS, Riva Sobrado de; CASTRO, Matheus Felipe de. Liberdade de expressão e discurso do ódio: um exame sobre as possíveis limitações à liberdade de expressão. Sequência, Florianópolis, n. 66, p. 327-355, jul. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-70552013000100014&lng=en&nrm=iso&gt;. Acesso em: 03 nov. 2017.

O ÓDIO na Internet. Direção e Produção de Mélanie Gallard e Rokhaya Diallo. França: 416 & L’idée LCP Assemblée Nationale, 2014. 1 documentário (52 min.). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0krUOMcxVEs&t=1448s&gt;. Acesso em: 03 nov. 2017.

Um pouco sobre WSIS e IGF, ou Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação e Fórum de Governança da Internet.

Por Lahis Pasquali Kurtz.

Conforme divulgamos neste post, o Comitê Gestor da Internet no Brasil seleciona jovens interessados em temas de Governança da Internet para participar do Fórum de Governança da Internet (ou Internet Governance Forum – IGF). Esse Fórum não é somente “mais um evento” sobre tecnologia e sociedade. Seu caráter e sua origem são um capítulo interessante das iniciativas internacionais de planejamento da Internet.

Tudo começa na primeira reunião da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação (CMSI ou, em inglês, World Summit on the Information Society – WSIS). O parágrafo inicial da declaração de princípios lá produzida informa aos membros, o contexto e os objetivos dessa Cúpula:

Nós, os representantes dos povos do mundo, reunidos em Genebra, de 10 a 12 de 2003, para a primeira fase da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, declaramos nosso desejo e compromisso comuns de construir uma Sociedade da Informação voltada para as pessoas, inclusiva e orientada para o desenvolvimento, em que todos possam criar, acessar, utilizar e compartilhar informação e conhecimento, permitindo indivíduos, comunidades e povos empregar todo o seu potencial na promoção do desenvolvimento e princípios da Carta das Nações Unidas, respeitando plenamente e defendendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Lahis

Além de princípios norteadores, foi traçada uma agenda de ações e iniciativas para atingi-los. Ambos os documentos estão disponíveis na compilação feita pelo CGI.Br, aqui. O primeiro indicativo do que viria a ser o IGF está no item c6 da agenda de ações:

Solicitamos ao Secretário-Geral das Nações Unidas a criação de um grupo de trabalho de governança da Internet, em um processo aberto e inclusivo que garanta um mecanismo para a participação plena e ativa dos governos, do setor privado e da sociedade civil de países desenvolvidos e em desenvolvimento, envolvendo organizações e fóruns intergovernamentais e internacionais pertinentes, para investigar e apresentar propostas de ação, conforme o caso, sobre a governança da Internet, até 2005 [data em que seria a próxima Cúpula, em Túnis].

Esse grupo teria importantes tarefas, como definir um conceito operacional para Governança da Internet, identificar questões relevantes e articular responsabilidades atribuíveis a cada setor (governos, sociedade civil, organizações nacionais e internacionais, setor privado).

A Agenda da Cúpula de Túnis, em 2005, então, determinou a convocação do Fórum de Governança da Internet, definindo suas atribuições (p. 99 do documento). O Fórum atua como um grande consultor e incentivador de políticas sobre a manutenção e adaptação da Internet às demandas sociais. Suas preocupações vão desde promover segurança e estabilidade da rede até lidar com questões de uso e mau uso da Internet. Aponta, ainda, boas práticas de governança, facilita o compartilhamento de informação técnica e o engajamento de grupos de interesse na tarefa de ampliar e acelerar a acessibilidade da Internet.

A primeira reunião do IGF deu-se em 2006, e desde então ele vem sendo um fórum itinerante. Uma de suas características é ser um espaço multissetorial. Isto é, apesar de estar ligado à Organização das Nações Unidas (ONU), participam dele não somente indivíduos e organizações governamentais, como também setor privado, acadêmico, sociedade civil organizada. É um espaço de debate, troca e engajamento.

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O IGF é parte relevante na construção de um ideário sobre o que chamamos Sociedade da Informação e o que se almeja ou promove em termos de estrutura de Internet e sua regulamentação. Assim como a Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação denota as dificuldades regulatórias e de governança face a um ambiente tão dinâmico, de um caráter técnico muito próprio, e ao mesmo tempo tão presente na vida de todos nós.

É preciso estar a par das estruturas que governam a Internet, que fazem planos para seu futuro e presente. Assim, espaços como IGF, ou mesmo o LACIGF e o LACNIC (de que relatamos participação aqui no blog) são oportunidades de sairmos do afastamento da realidade pesquisada e vermos ao vivo a formação das ideias que fundam os fenômenos que observamos no que toca a Internet e sociedade.

Estudar e acompanhar essas estruturas, e eventualmente participar delas, é uma maneira de contextualizar o surgimento de políticas e propostas de transformação nesse ambiente.

Bitcoin: o dinheiro na era virtual

Por Vinícius Appel.

A bolsa mercantil de Chicago lançará índice de preços de bitcoin, uma das criptomoedas modernas que mais cresce, superando a marca de 7.000 dólares atingindo um valor de mercado – preço multiplicado pelo número de moedas em circulação – para um recorde de mais de 120 bilhões de dólares. O índice ainda precisa receber sinal verde da Comissão de Negociação de Futuros (CFTC) dos Estados Unidos. A previsão é de que os contratos tenham como base a cotação de referência do bitcoin (BBR), criada no ano passado.

noticia vinicius

Com um aumento anual de 650% no ano de 2017, a moeda digital divide águas entre investidores. Alguns como o CEO da JPMorgan, acreditam que o fenômeno da bitcoin se trata de uma super bolha financeira, cuja única utilidade seria especulação. Outros veem no bitcoin uma ferramenta revolucionária que mudará o rumo do sistema financeiro, trazendo estabilidade a ele.

Criado em 2008 por um programador misterioso, identificado como Satoshi Nakamoto, cuja identidade real é desconhecida, o bitcoin usa um protocolo descentralizado, apoiado em redes “peer-to-peer” e um sistemas de assinaturas digitais codificadas que, ao contrário das moedas tradicionais, não é controlado por um banco central emissor.

 O incremento de uma moeda totalmente digital tem grandes repercussões para o direito informacional, sua popularização tem o potencial de mudar o modo como vemos o comércio digital e pode trazer novos perigos como novos hackers e vírus digitais.

Referências:

Bolsa Mercantil de Chicago lançará índice de preços de bitcoin

Bitcoin atinge marca de US$ 7.000 pela primeira vez

Valor de mercado das criptomoedas atinge recorde de US$200 bi

Grandes investidores tomam partido no debate sobre bitcoin