AÇÃO SOBRE DISCURSOS DE ÓDIO NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO PROFESSORA MARIA ROCHA

Por Jéssica Oliveira

O Núcleo de Direito Informacional (NUDI), por meio das pesquisas realizadas no Observatório Permanente de Discursos de Ódio, realizou, nos dias 9 e 10 de setembro, uma ação de conscientização sobre a ocorrência de discursos de ódio com os/as alunos/as do segundo e do terceiro ano, da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Maria Rocha, em Santa Maria/RS.

A presente ação é fruto de um projeto da JAI JOVEM[1] proposto pela aluna Francieli do Nascimento Carvalho, sob orientação da professora Laisa Quadros da Costa, ambas da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Maria Rocha.

Na ocasião, foi realizada uma palestra inicial, coordenada pela Professora Dra. Rosane Leal da Silva, em que a temática foi introduzida, explicando-se “o que é” e “o que não é” o discurso de ódio, quem são as suas vítimas e as formas de denúncia. Em sequência, os/as integrantes do Observatório Permanente de Discursos de Ódio produziram uma atividade integrativa com os/as alunos/as, promovendo uma interlocução didática.

Assim, oportunizou-se um espaço plural para o debate sobre os discursos de ódio, tema necessário e urgente a ser discutido na sociedade contemporânea.

IMG_6665 2019
Profa. Dra. Rosane Leal da Silva contextualizando os discursos de ódio
Processed with VSCO with p5 preset
Integrantes do Observatório Permanente de Discursos de Ódio: Pablo Domingues, Jéssica Reis, Isabela Quartieri, Jéssica Oliveira, Angelita Camargo e Carolina Bonoto
Processed with VSCO with p5 preset
Integrantes do Observatório Permanente de Discursos de Ódio: Bianca Petri, Elisa Viana, Isabela Quartieri e Mariana Moreira

[1] A JAI JOVEM é um evento criado dentro da Jornada Acadêmica Integrada da UFSM, que busca oferecer à comunidade ligada ao ensino médio e técnico da região, estudantes e professores, um canal de aproximação com a Universidade Federal de Santa Maria, onde os alunos de escolas públicas ou privadas da região sejam estimulados a conhecer o método científico, a experimentação, a produção de novos conhecimentos e os professores possam ter na Universidade um canal de troca de informações e de conhecimentos que subsidie suas rotinas pedagógicas e suas práticas em sala de aula.

 

DERECHO PROCESAL Y PERSPECTIVAS DEL NUEVO MILENIO

Por Romina Florencia Cabrera

1 – INTRODUCCION:

Constituye un objetivo ético, mediante  las garantías procesales, y su respeto a la dignidad y valor de la persona humana, (en el ámbito internacional de los Derechos Humanos),  la búsqueda de la paz social mediante la aplicación de la Justicia Restaurativa. La Dama de la Justicia (latín: Iustitia, la diosa romana de la Justicia, que es equivalente a la diosa griega Dice) es una personificación alegóricaa de la fuerza moral en los sistemas judiciales. Desde el siglo XV, la Dama de la Justicia ha sido a menudo representada con los ojos vendados. La venda en los ojos representa la objetividad, en que la justicia es, o debería ser impuesta objetivamente, sin miedo ni favoritismos, independientemente de la identidad, el dinero, el poder o debilidad; la justicia ciega e imparcial. Las primeras monedas romanas representan a Iustitia con la espada en una mano y la balanza en la otra, pero con los ojos descubiertos. Iustitia sólo se representa comúnmente como “ciega”, desde fines del siglo XV.[1]

Como decía el insigne jurista alemán Radbruch (1956) debemos “dar a nuestra sociedad no un mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal [2].

EL Derecho Procesal, tiene una tradición histórica y principios básicos, que han sido la base primordial del sistema acusatorio actual ( transformándose del inquisitivo), donde las garantías procesales y la valoración de la prueba son elementos primordiales a la hora de llevar a cabo los juicios.

Desde la Regla del Debido Proceso, (1215), los orígenes del debido proceso se remontan históricamente al medioevo británico, y surgen como una protección contra las arbitrariedades del poder despótico de la monarquía del Rey Juan Sin Tierra o Juan I de Inglaterra, quien tras la derrota sufrida en 1214 en Bouvines, Francia, no sólo terminó con sus perspectivas de un imperio continental británico, sino que también debilitó de tal manera su despótico poder, que permitió que un grupo de barones, obispos y ciudadanos exigieran el respeto de una serie de derechos feudales, entre ellos, el derecho a no ser juzgado arbitrariamente.[3] Estas prerrogativas fueron arrancadas a la corona, y redactadas en el año 1215 en lo que se conoce como Carta Magna (Magna charta libertatum). El documento establece en su sección 39º el conocido derecho según el cual: Ningún hombre libre será aprehendido ni encarcelado ni despojado de sus bienes ni desterrado o de cualquier forma desposeído de su buen nombre, ni nosotros iremos sobre él, ni mandaremos ir sobre él, si no media juicio en legal forma efectuado por sus pares o conforme a la ley del país [law of the land][4].

2 – DESARROLLO:

1 – NEUROCIENCIAS

La complicada relación entre las neurociencias y el derecho penal ha abocado el debate a una confrontación neta entre opciones deterministas y no deterministas. En este trabajo se estudian los escenarios en que tiene lugar esta relación. En primer lugar, el peso de la neuro-imagen en el proceso penal podría influir en el tradicional principio de libre valoración de la prueba. En segundo lugar, la biopolítica, desde una visión de hegemonic strategy, serviría para implementar modelos de control por parte de los poderes públicos. En tercer, y último lugar, uno de los campos de investigación menos explorados es el de la redefinición de la función de la pena, señalándose una vertiente restaurativa.    Todo ello buscando la convivencia pacifica entre los ciudadanos, coexistiendo en una Nación democrática y republicana [5].

2 – LOS MÚLTIPLES ESCENARIOS DE LA RELACIÓN ENTRE NEUROCIENCIAS Y DERECHO PENAL: DESPEDIDA DEL NULLAPOENA SINE CULPA [6]

¿El espejismo de las neurociencias [7] está conduciendo a un verdadero neuro-derecho penal, orientado a leer la mente de las personas (agresor, víctima, incluso Ministerio Fiscal y testigos) y a monitorizar todos los mecanismos que dirigen el funcionamiento del cerebro? Cabe preguntarse, incluso, si en un futuro no muy lejano la interacción entre derecho penal y neurociencias se resolverá con una «rebaja» del tema de la responsabilidad individual culpable a favor de protocolos asépticos de corrección de reflejos anti-sistema atribuibles a organismos, rectius autómatas peligrosos privados de personalidad. [8]

En Italia, en 2009, una conocida sentencia de la Corte d’Assised’Appello de Trieste ha acreditado, por primera vez, la utilización de las neurociencias para demostrar la imputabilidad individual, reconociendo en concreto el vicio parcial de mente del agente. En concreto, se ha valorizado el papel de la «vulnerabilidad genética» del reo en la consumación del delito, como factor que lo habría hecho «especialmente reactivo en términos de agresividad –y por lo tanto, vulnerable– en presencia de situaciones de estrés». El Tribunal ha reconocido, en este caso, el vicio parcial de mente . Han surgido, por lo tanto, dos clases de problemas: por un lado, las relaciones entre dotación génica y delito violento; por otro lado, la apreciación del valor de enfermedad del acto delictivo, con el fin de establecer si subsiste una enfermedad mental.[9]

En la misma línea, sucesivamente, se ha expresado otra sentencia, en la que el Tribunal, aunque valorando al sujeto como afectado de semi-enfermedad, tal y como había sido valorado por los peritos de la defensa, tras el empleo de nuevas técnicas de imaging cerebral y estudios de genética comportamental, subraya la irrenunciabilidad de un juicio de imputabilidad que tenga en cuenta todos los datos procesales, sin criticar el informe de los expertos. No olvidemos que las neurociencias no sustituyen sino que integran la valoración clínica y del comportamiento de un sujeto en el ámbito de la comprobación de su capacidad para entender y querer, aumentado así su grado de fiabilidad como prueba científica en el proceso penal.[10]

En el ámbito de la responsabilidad penal podría llevar, a partir de las ya famosas investigaciones de Libet ( 1985, 1987), a la disolución de la distinción entre actos voluntarios e involuntarios, o cuando menos, a modificar nuestra comprensión actual de conceptos tan importantes en nuestro esquema de imputación de responsabilidad penal como el dolo, y a su vez, el conocimiento o la intencionalidad. Así, por ejemplo, la profesora Denno (2002) señala que de manera inconsciente cerebros y cuerpos de los sujetos detectan información que su cerebro consciente no reconoce, lo que sugiere que la mente consciente no ejerce pleno control sobre las acciones y percepciones individuales. En términos de Derecho penal, tal evidencia supondría poner en duda la tajante dicotomía consciente/inconsciente establecida por el Model Penal Code así como el (a su juicio) simplista listado de estados mentales que establece para ilustrar la inconsciencia. Por el contrario, lo que deba considerarse por “conciencia” seria algo mucho más complejo y subjetivo.[11]

En los mencionados experimentos de Libet, sobre los que se han realizado numerosos estudios con posterioridad (Sinnott-Armstrong, W.fNadel, L. (eds.), 2010), él les pedía a los sujetos sometidos a la prueba que movieran la mano mientras medía la actividad eléctrica del cerebro, ,cubriendo que los impulsos cerebrales de los sujetos asociados al movimiento empezaban aproximadamente un tercio de segundo antes que los sujetos fueran conscientes de su intención de hacer el movimiento  . Además de estos experimentos pioneros de Benjamín Libet en California, después fueron realizados otros similares en el Reino Unido por Patrick Haggard y Martín Eimer, así como más recientemente por John-Dylan Haynes en Berlín, que corroboran los resultados obtenidos por aquél. Sin embargo, más allá del cuestionamiento lógico y filosófico de fondo sobre si realmente tiene sentido atribuir las conductas voluntarias al cerebro, entendido éste como sujeto, o bien si simplemente cabria hablar de que es en él, como parte del todo que forma nuestro organismo, el lugar en el que de algún modo se gestan los actos conscientes a través de diversos procesos subpersonales de representación, se ha objetado que estos experimentos realmente no son lo bastante representativos como para extraer consecuencias definitivas (entre otros, Habermass, 2004, p. 873; Hillenkamp, 2005, pp. 318 y ss.).

A pesar de la extendida afirmación de que la “percepción subjetiva de libertad” y nuestro autoentendimiento como seres libres significa que somos efectivamente libres a efectos de imputación de responsabilidad penal (por todos, Hirsch, 2010) con independencia de que lo seamos realmente, el argumento no puede convencer (Demetrio, 2011a, p. 15). Son muchos los penalistas que se han pronunciado y defendido insistentemente esta idea que se sitúa frontalmente en contra de las evidencias encontradas por los neurocientíficos que advierten -así, por ejemplo, Francisco Rubia en su contribución a esta obra- que una cosa es asumir la experiencia de voluntad consciente, y otra muy distinta la causación de las acciones por dicha voluntad consciente.[12]

3 – ESTUDIOS ACTUALES:

Todo parece indicar, que una Sociedad tecnificada, empapada por el desarrollo evolucionado de las Ciencias, podría llevar a una civilización más optima en cuanto a desarrollo de las capacidades neuronales. Actualmente, solo desarrollamos un porcentaje de las capacidades de nuestro cerebro.

Que sucedería por ejemplo, si se explotara al Máximo?.. el ser humano podría reunir la suma del Conocimiento y obtener nuevas herramientas para resolver los diversos obstáculos que se le presentan en la vida?.

Pero no olvidemos, la concepción Humanista, que ha llevado a la Sociedad Global hasta donde se encuentra: los valores éticos, principios morales, tradiciones.

El hombre podrá ser un ser particularmente integrado por la Tecnología, controlado por el mismo sistema, al Estilo Orwell, o podrá fijar sus propias reglas, revelándose a la Revolución Tecnológica, y encontrando un terreno de Coherencia y razonamiento.

Todo ello, en el marco de los Derechos Humanos y Garantías Fundamentales, que han hecho de esta sociedad Global un mudo más armónico y dialéctico (a pesar de los problemas constantes ), transformados por los acontecimientos aberrantes de la Segunda Guerra Mundial.

Las técnicas de neuroimagen podrían constituir una herramienta útil e importante para detectar las mentiras de los testigos o para medir el sufrimiento de una víctima a efectos de fijar con precisión la indemnización.

La neurociencia tiene una incidencia importante en el ámbito jurisdiccional, que se extiende a todos los procesos –no solo a los penales– y la constatación de su utilidad podría producir una trasformación importante de aspectos tan esenciales como la valoración de la prueba, que nos conducirían no solo a cuestionar la validez y legitimidad del actual modelo jurisdiccional, sino también nos obligarían a modificar sustancialmente muchos aspectos para su correcto anclaje en el actual estado de la ciencia.[13]

La prueba testifical es uno de los medios probatorios más utilizados en el ejercicio de la potestad jurisdiccional (Gómez Colomer, 2014: 290 a 300), pues los testigos presenciales suelen ser decisivos en determinados procesos en los que la existencia de detalles precisos o la presencia de datos contradictorios, pueden condicionar la dirección que habrá de tomar el fallo del tribunal. La credibilidad de los testimonios y el valor que quepa otorgar a este medio de prueba, ha sido objeto de numerosos estudios en el ámbito de la Filosofía del Derecho [14](Bentham, 1843: 27 y ss.), aunque el debate no parece haber alcanzado todavía una solución satisfactoria. No obstante, deberíamos preguntarnos si con los conocimientos que ahora se tienen sobre la imperfección del funcionamiento de la memoria (Schacter, 1999: 15 y ss.) y de la frecuencia con la que el cerebro genera recuerdos falsos (Diges, 1997: 17 y ss.), debe seguir teniendo la importancia que se le otorga y si no sería conveniente la introducción de nuevas técnicas en el proceso para detectar determinadas cuestiones o incidencias en el propio testigo. De esta cuestión se ha ocupado Gazzaniga que explica que el cerebro confecciona una biografía inexacta, debido a que solo recupera información de las cosas orgánicas con la finalidad de adaptación y de supervivencia, por lo que almacena la información esencial pero no los detalles. Por otra parte, el cerebro genera recuerdos falsos, detalles distintos y genera una fusión de recuerdos y, a su vez, confusión. Este autor relata que debe haber un lugar en los tribunales para la neurociencia, ya que las imperfecciones de la memoria hacen que las personas sean idóneas para experimentar distorsiones en los recuerdos que, por otra parte, son conocidos tanto por abogados como por la policía y por los jueces, pero los tratan como si fueran una excepción. Por ello, afirma que la prueba de testigos podría cambiar radicalmente y que «se acerca el día en que se considerará poco ético recurrir a un testimonio por su naturaleza imperfecta». Muchos estudios han constatado las variaciones en el modo en que nos traiciona la memoria, por lo que deberían emplearse nuevas técnicas para minimizar sus efectos (Gazzaniga, 2006: 133-134). No conviene olvidar que las distorsiones memorísticas tienen un coste elevado para el sistema, pues no son pocos los supuestos en los que las personas han testificado en un determinado sentido estando totalmente convencidas de que decían la verdad, cuando en realidad los hechos ocurrieron de otra manera. Gazzaniga indica que los errores memorísticos pueden corromper la memoria en cualquiera de sus fases, bien en la propia codificación de un recuerdo o bien cada vez que se recupera la información o se activa el recuerdo, de modo que algunos errores añaden información que no es verídica, propiciando los llamados errores de obra; y otros errores –los de omisión– suprimen información. Dentro de estas dos categorías, los errores memorísticos según el modelo de Daniel Schacter (Schacter, 2003: 11 y ss.), influyen de forma distinta en los procesos jurisdiccionales, errores que, en esencia, son: 1) Los recuerdos fugaces que se deben a que falta información a causa de que el recuerdo se diluye con el tiempo, o a que la información no fue codificada debidamente en el momento en que tuvo entrada en la memoria; por eso, Gazzaniga señala que los juicios que se celebran varios años después de los hechos, presentan graves inconvenientes para la prueba testifical, ya que los testigos pueden haber perdido la mayor parte de los recuerdos sobre esos hechos o incluso tenerlos distorsionados (Gazzaniga, 2006: 135-136). 2) La distracción, que se produce cuando no se presta suficiente atención para retener ciertos datos, como sucede cuando no se encuentran las llaves o no se recuerdan los nombres de las personas. Esto ocurre porque no se codifica bien el recuerdo debido a la falta de atención, por ese motivo, es frecuente que a pesar de haber sido testigo presencial de unos hechos, en el momento de prestar declaración no sea capaz de recordar esos detalles (Gazzaniga, 2006: 136). 3) El bloqueo, también denominado «síndrome de la punta de la lengua», que consiste en que la persona está segura de conocer un dato concreto pero no puede extraer esa información de forma voluntaria en ese momento. Esto plantea problemas en el ámbito de la jurisdicción, porque en el interrogatorio de un testigo puede suceder que conteste de forma muy precisa a ciertos detalles de los hechos que haya podido presenciar, pero si se le pregunta por otros detalles posteriores. 4) La falsa atribución, que se produce cuando el cerebro introduce recuerdos falsos que se infiltran entre los recuerdos reales. Es el caso de la mujer violada que recordó la cara de su agresor que resultó ser la cara que al mismo tiempo salía por televisión. El problema que en el ámbito jurisdiccional se plantea es que esta falsa atribución puede generar que las personas sean [15]acusadas o incluso condenadas injustamente por delitos que nunca cometieron. Es más, muchas personas han sido absueltas por la prueba de adn, aunque en todos ellos hubo testigos presenciales que les situaban en el lugar de los hechos o incluso que les identificaron como los autores. Los testigos que solo vieron una parte del rostro del infractor, luego lo recuerdan de forma completa, debido a que el cerebro reconstruye la información que le falta o la suple (Gazzaniga, 2006: 138-140). 5) La sugestionabilidad,[16] que incorpora nueva información aportada por otras personas, amigos, familiares, medios de comunicación, etc. (Schacter, 2003: 141-170). En un juicio oral en el que se le pregunta al testigo si recuera qué clase de arma llevaba el infractor, es muy posible que de forma automática aparezca un arma de fuego como un recuerdo sugestionado, que suele producirse con mayor facilidad en personas de corta o de avanzada edad (Gazzaniga, 2006: 139-140). 6) La tendenciosidad o propensión (Schacter, 2003: 171-190), es un error memorístico que contiene varios sesgos, como el de la coherencia, que tiende a considerar que las creencias anteriores y los sentimientos actuales son parecidos a los del pasado; el del cambio, que se produce cuando se exagera los efectos de algo, como por ejemplo de una dieta, enalteciendo los efectos de la misma que puede que no sean tan reales; el del egocentrismo, que consiste en una tendencia a perfeccionar la imagen del yo; el de la valoración retrospectiva, que se produce cuando, v.g., se le presenta a un jurado una prueba que el tribunal no admite, y se le da instrucciones para que no tenga en cuenta esa prueba para el veredicto. En estos casos el jurado tiende a condenar sin haber visto esa prueba inadmitida (Gazzaniga, 2006: 104-144). 7) La persistencia, (Schacter, 2003: 199-225), que consiste en que determinada información que se desea suprimir, aparece de forma recurrente impidiendo que se pueda olvidar. Aunque no influye en las declaraciones de los testigos en los procesos judiciales, sí afecta, en cambio, a los testigos y víctimas, sobre todo si se trata de delitos violentos. Por todo ello, Gazzaniga señala que el cerebro es propenso al recuerdo erróneo y la cuestión es si existe distinción entre los modos en que el cerebro almacena recuerdos verdaderos o falsos. Existen varios experimentos con técnicas de fMRI que demuestran que se activan zonas del cerebro dependiendo de si el recuerdo es verdadero o es falso, lo que podría ser una importante herramienta para el sistema judicial, cuyos fundamentos se irán transformando a medida que la neurociencia vaya descubriendo más cuestiones importantes sobre el sistema de la memoria.[17]

De ese modo, la prueba de testigos ofrecerá muy poca fiabilidad para los jueces, tal y como ya sucede para los neurocientíficos, pues «la memoria no es tanto un mecanismo para recordar el pasado cuanto un medio para prepararnos para el futuro» (Gazzaniga, 2006: 145-148).[18]

El segundo aspecto es el relativo a la posibilidad de detección de mentiras mediante imágenes cerebrales, lo que nos conduciría a un posible replanteamiento del proceso penal en relación a la prueba de testigos, de peritos, interrogatorio del acusado, etc. En realidad, la idea de incorporar al proceso mecanismos tecnológicos por los que comprobar si un sujeto está mintiendo no es nueva, sino que aparece a finales del siglo xix y principios del xx, con Angelo Mosso y Cesare Lombroso, que trataron de ofrecer una estructura para medir los cambios fisiológicos que evidencian la mentira. Sin embargo, las modernas técnicas para el análisis de la comunicación no verbal, se centra en el estudio de las microexpresiones faciales que en todas las culturas conocidas se registran como signos expresivos incontrolables que se traducen en la exteriorización de estados mentales concretos. Para este objetivo se ha desarrollado un programa informático que es capaz de detectar las variaciones que experimentan cuarenta y cuatro músculos faciales asociados al miedo, a la desconfianza, a la angustia y al engaño, de modo que las respuestas que una persona ofrece ante las preguntas que se le formulan, pueden evidenciar cualquiera de estos sentimientos personales a través de sus movimientos espontáneos e incontrolables. Sumado a lo anterior, el siguiente paso es la inclusión de las técnicas de escáner cerebral para identificar las zonas cerebrales que se activan ante determinadas respuestas, y que están relacionadas con las emociones y el control cognitivo (Schacter, 2003: 70- 71). En efecto, las imágenes captadas por la tecnología neurocientífica –en concreto la resonancia magnética nuclear funcional (fRMI)– permite identificar con claridad si un testigo miente, si una persona tiene un recuerdo porque ha presenciado un hecho o si ese recuerdo lo tiene porque ha cometido el hecho, e incluso se puede identificar si un recuerdo es adquirido o construido. Gazzaniga explica que Daniel Langleben y un grupo de investigadores de la Universidad de Pensilvania, a través de un experimento al que denominaron «Test de Conocimiento Culpable», detectaron distintas actividades cerebrales cuando las personas estudiadas mentían o cuando decían la verdad (Gazzaniga, 2006: 117-119).[19]

Por otra parte, existe una técnica que está cada vez más desarrollada denominada «evaluación informatizada del conocimiento (CKA)», también llamada método de potencial de evocación cognitiva, que consiste en que se realiza una medición de las oscilaciones de la onda cerebral llamada P300 (descubierta en 1960), a través de electroencefalograma, con la finalidad de concretar la respuesta que da la persona sometida a estudio, ya que es posible identificar las variaciones de amplitud que experimenta dicha onda cuando la persona reconoce el olor, el sonido o la visión, de forma que se intensifica cuando lo que huele, escucha u observa le es conocido. De ese modo, esta técnica podría usarse para ciertos tipos de investigaciones, como por ejemplo, cuando se le muestran a un sujeto una serie de imágenes del escenario de un crimen y la respuesta cerebral medida por la onda P300, evidencia que ese lugar no le es conocido, por lo que podríamos descartar que esa persona hubiese estado implicada en la comisión del delito y también que lo hubiese presenciado como testigo.[20]

4 – JUSTICIA RESTAURATIVA:

En muchos países, a raíz de la insatisfacción y la frustración con el sistema de justicia formal, o de un interés que resurge para preservar y fortalecer las prácticas del derecho consuetudinario y las prácticas tradicionales de justicia, se han planteado respuestas alternativas al delito y a los desórdenes sociales. Muchas de estas alternativas proporcionan a las partes involucradas, y a menudo también a la comunidad cercana, la oportunidad de participar en la resolución de los conflictos y de abordar sus consecuencias. Los programas de justicia restaurativa se basan en la creencia de que las partes de un conflicto deben estar activamente involucradas para resolver y mitigar sus consecuencias negativas. También se basan, en algunas instancias, en la intención de regresar a la toma de decisiones local y a la construcción de la comunidad. Estas metodologías también se consideran un medio de motivar la expresión pacífica de los conflictos, promover la tolerancia y la inclusión, construir el respeto por la diversidad y promover prácticas comunitarias responsables.[21]

Tanto las formas de justicia restaurativa ya establecidas como las nuevas ofrecen a las comunidades algunas medidas deseables para la resolución de los conflictos. Involucran a los individuos no ajenos al incidente, sino directamente involucrados o afectados por él. La participación de la comunidad en el proceso ya no es abstracta, sino muy directa y concreta. Estos procesos se adaptan particularmente a situaciones en que las partes participan de manera voluntaria y en que cada una de ellas tiene la posibilidad de comprometerse completamente y de manera segura en un proceso de diálogo y negociación. Este manual se enfoca en programas de justicia restaurativa en materia penal, pero se debe tener en cuenta que el proceso restaurativo se utiliza para solucionar conflictos en una gran variedad de contextos y ambientes, incluyendo las escuelas y los lugares de trabajo.

  • La Justicia Restaurativa busca conciliar víctima y victimario, para lograr acuerdos de paz social y evolucionar en la cultura de la esperanza y del progreso moral de la sociedad.

3 – CONCLUSIONES:

La justicia restaurativa (Subijana Zunzunegui, 2013),  desarrolla una función de prevención, apuesta por una mayor atención a las víctimas, por espacios de comunicación entre víctima y victimario, y se rige en su caso, por el principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal. En estos casos, fundamentándose a través del tratamiento humanitario a los menores y utilizando los mecanismos de derechos humanos, podrían abrirse vías para fortalecer dichas prácticas y crear ética y conciencia, legando un mensaje de bien común a las futuras generaciones.

El hombre podrá ser un ser particularmente integrado por la Tecnología, controlado por el mismo sistema, al Estilo Orwell, o podrá fijar sus propias reglas, revelándose a la Revolución Tecnológica, y encontrando un terreno de Coherencia y razonamiento.

Todo ello, en el marco de los Derechos Humanos y Garantías Fundamentales, que han hecho de esta sociedad Global un mudo más armónico y dialéctico (a pesar de los problemas constantes ), transformados por los acontecimientos aberrantes de la Segunda Guerra Mundial

Realmente, se lleva un debate profundo en el ámbito del Derecho Procesal penal, hasta llegar a la conclusión, de que no existe la culpabilidad: una persona no seria responsable, de por ejemplo, el asesinato de su esposa, si hay una mala formación del cerebro. Y si fuera a prisión, como su abogado defensor expondría la argumentación jurídica ( y científica) del caso, para que no se incurriera en violación de las Reglas del Debido Proceso, y para que llegado el momento, el Juez valore la prueba con total imparcialidad y objetividad?.

Las pruebas realizadas, se expondrían a una auditoria tecnológica, y  se debería aplicar la seguridad informática pertinente, ante incidentes de vulnerabilidad o alteración.

También, una cuestión de Resguardo y Protección de Datos Personales ( Derecho autónomo e independiente, declarado por la Agencia Española de Protección de Datos), ante la vulneración del Secreto de Datos sensibles, en el caso de  enfermedades u otro tipo de información personal de los procesados.

Buscando el equilibrio,  y aplicando las Reglas del Debido Proceso, y el SENTIDO COMÚN (el más común de los sentidos, que parece que cuesta materializar en la era interconectada), se puede lograr una adecuada incorporación de la Tecnologia ( para aclarar dudas)  pero  nunca dejar de lado el Humanismo y los Derechos Civiles.

La Justicia Restaurativa, es una excelente opción, para complementar el sistema procesal penal, en miras hacia un futuro incierto y tecnológico, donde la búsqueda de los valores y la paz social son fundamentales para crecer como Seres Humanos y como Sociedad Integradora  y promotora de Derechos Humanos.

RECUPERANDO VALORES, BUSCANDO LA JUSTICIA, TOLERANCIA, FOMENTANDO LA CULTURA DE LA PAZ SOCIAL Y LA CONVIVENCIA, LOGRANDO UN MEJOR SISTEMA PROCESAL PENAL, TENIENDO EN CUENTA LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS, QUE PUEDA SENSIBILIZAR A LOS TODOS LOS ACTORES SOCIALES DEL SISTEMA JUDICIAL Y BRINDE ESPERANZA AL FUTURO PARA UNA SOCIEDAD PROGRESISTA.


[1] Definición de Justicia. Sitio Web: https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia. Fecha de consulta del sitio: 10/7/2018.

[2] RADBRUCH, G., Rechtsphilosophie. 5′ Edition. Stuttgart, 1956, pág. 269. RUIZ SIERRA, Joana, “Víctima y Mediación penal”; Sitio web: http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/10614-victima-y-mediacion-penal/.  Fecha de Consulta: 10/7/2018.

[3]FERRER ARROYO, Franciso Javier. “ El Debido proceso dede la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.  Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | pp. 155-184. Año 14, N.º 1 | Mayo de 2015. “La Carta Magna fue evolucionando, de lo general a lo particular; al principio, adoptando la noción del law of the land hasta consagrarse en 1354, bajo el reinado del Rey Eduardo III, la idea del due process of law (debido proceso legal). En este último sentido, lo que el texto consagra son dos garantías fundamentales: la de ser juzgado por los pares; y, según las leyes del país. La primera se refiere al derecho medieval de ser enjuiciado por los demás miembros pertenecientes al mismo oficio o corporación que el acusado, y más tarde, al juicio por jurados, lo que impedía condenas dictadas por el Rey o comisiones especiales de su dependencia; en tanto que la segunda, garantizaba que el juicio se realizara “conforme a la ley del país”, es decir, de acuerdo a las leyes, y no a los caprichos del soberano. Ambas garantías se constituían en los pilares de lo que luego se consolidaría y perfeccionaría hasta conformar lo que hoy conocemos como debido proceso”. Ferrer Arroyo, Franciso Javier. “ El Debido proceso dede la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.  Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | pp. 155-184. Año 14, N.º 1 | Mayo de 2015.

[4] Op. cit. 3.

[5] ROMERO FLORES, Beatriz.“ Las neurociencias frente a la función de la pena” . Profesora Ayudante Grado Criminología Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). Sitio Web: https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2015-10033500357_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Las_neurociencias_frente_a_la_funci%F3n_de_la_pena Pagina 335. ADPCP, VOL. LXVIII,  2015. Fecha de Consulta del Sitio: 22/7/2018.

[6] Investigación desarrollada en el marco del proyecto de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad (modalidad de excelencia; DER2014- 52980-P) «Veinte años del código penal, 1995-2015: estudio de los “modelos preventivos” de la “sociedad de la seguridad”». 100.

[7] De technological wizardry habla Annas, G., «Foreword: Imagining a New Era of Neuroimaging, Neuroethics, and Neurolaw», American Journal of Lifestyle Medicine, 33, 2007, p. 33. Incluso, Prinz habla de «aguafiestas»: «Freiheit oder Wissenschaft?», Von Cranach, Foppa, Freiheit des Entscheidens und Handelns, 1996, Heidelberg, p. 100.

[8] ROMERO FLORES, Beatriz.“ Las neurociencias frente a la función de la pena” . Profesora Ayudante Grado Criminología Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). Sitio Web: https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2015-10033500357_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Las_neurociencias_frente_a_la_funci%F3n_de_la_pena. Pagina 336. ADPCP, VOL. LXVIII,  2015. Fecha de Consulta del Sitio: 23/7/2018.

[9] BARBIERI, C., «è tornato Lombroso? Alcune osservazioni sulla sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Trieste del 1.º ottobre 2009», Rubertom. G., Barbieri, C., Il futuro tra noi. Aspetti etici, giuridici e medico-legali della neuroetica, Milano, 2011, pp. 128 ss.

[10] Tribunal de Como, 20.5.2011

[11]  DEMETRIO CRESPO, Eduardo.Maroto Calatayud, Manuel.Obra realizada en ejecución del Proyecto de investigación DER2009-09868 “Neurociencia y Derecho Penal: nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad”, financiado por el Ministerio de Innovación y Ciencia de España. I.S.B.N.: 978-84-15276-15-9 (en España). EDISOFER S. L.  España.2013.

Página 32. “Todo parece indicar que, por mucho que forcemos los límites del razonamiento, la técnica dogmática por sí sola no tendrá el rendimiento deseado, por lo que una y otra vez habrá que elevar la mirada algo más allá y contemplar los problemas con una mayor amplitud, no pasivamente desde una cómoda atalaya, sino con la imprescindible ayuda que ofrece la filosofia. Como se trata de demostrar, ni las Neurociencias, como ciencias empíricas, ni el Derecho penal, como ciencia social, pueden prescindir de ella, y están, por tanto, obligados a entenderse”. Crespo, Eduardo Demetrio.Maroto Calatayud, Manuel.Obra realizada en ejecución del Proyecto de investigación DER2009-09868 “Neurociencia y Derecho Penal: nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad”, financiado por el Ministerio de Innovación y Ciencia de España. I.S.B.N.: 978-84-15276-15-9 (en España). EDISOFER S. L.  España.2013. Página 18.

[12] DEMETRIO CRESPO, Eduardo.Maroto Calatayud, Manuel.Obra realizada en ejecución del Proyecto de investigación DER2009-09868 “Neurociencia y Derecho Penal: nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad”, financiado por el Ministerio de Innovación y Ciencia de España. I.S.B.N.: 978-84-15276-15-9 (en España). EDISOFER S. L.  España.2013.   Página 32.

[13]  BALBUENA PÉREZ, David-Eleuterio “La irrupción de la neurociencia en el proceso jurisdiccional. Razones para un debate filosófico”.  Sitio Web: http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/169099/Balbuena.pdf?sequence=1&isAllowed=y    FÒRUM DE RECERCA – ISSN 1139-5486 – http://dx.doi.org/10.6035/ForumRecerca.2014.19.5 Nº19/2014. Página 55 . Fecha de Consulta del Sitio: 23/7/2018.

[14]   BALBUENA PÉREZ, David-Eleuterio “La irrupción de la neurociencia en el proceso jurisdiccional. Razones para un debate filosófico”.  Sitio Web: http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/169099/Balbuena.pdf?sequence=1&isAllowed=y    FÒRUM DE RECERCA – ISSN 1139-5486 – http://dx.doi.org/10.6035/ForumRecerca.2014.19.5 Nº19/2014.    Página 55. Fecha de Consulta del Sitio: 23/7/2018.

[15]  BALBUENA PÉREZ, David-Eleuterio “La irrupción de la neurociencia en el proceso jurisdiccional. Razones para un debate filosófico”.  Sitio Web: http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/169099/Balbuena.pdf?sequence=1&isAllowed=y    FÒRUM DE RECERCA – ISSN 1139-5486 – http://dx.doi.org/10.6035/ForumRecerca.2014.19.5 Nº19/2014. Página 57.

[16] Óp. Cit 15.

[17] Óp. Cit. 15.

[18]  BALBUENA PÉREZ, David-Eleuterio “La irrupción de la neurociencia en el proceso jurisdiccional. Razones para un debate filosófico”.  Sitio Web: http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/169099/Balbuena.pdf?sequence=1&isAllowed=y    FÒRUM DE RECERCA – ISSN 1139-5486 – http://dx.doi.org/10.6035/ForumRecerca.2014.19.5 Nº19/2014.pp.  57-58. Fecha de Consulta del Sitio: 23/7/2018.

[19]  BALBUENA PÉREZ, David-Eleuterio “La irrupción de la neurociencia en el proceso jurisdiccional. Razones para un debate filosófico”.  Sitio Web: http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/169099/Balbuena.pdf?sequence=1&isAllowed=y    FÒRUM DE RECERCA – ISSN 1139-5486 – http://dx.doi.org/10.6035/ForumRecerca.2014.19.5 Nº19/2014.  Fecha de Consulta del Sitio: 23/7/2018.    “La neurociencia irrumpe de forma decisiva en el proceso jurisdiccional y aunque todavía no se conoce con exactitud el alcance que los nuevos descubrimientos podrán llegar a tener para la trasformación del proceso, se necesita una serena reflexión encaminada a sentar las bases que han de servir para fundamentar una revisión importante de algunos aspectos para la mejora del sistema. No obstante, nos encontramos todavía en una fase que no permite una incursión neurocientífica muy enérgica en el proceso jurisdiccional, ni tampoco podemos esgrimir argumentos demasiado entusiastas en apoyo de su implementación, pero sí podemos afirmar que el debate filosófico sobre la necesidad de la utilización de la neurociencia al servicio de la administración de justicia, es ya impostergable”. Balbuena Pérez, David-Eleuterio “La irrupción de la neurociencia en el proceso jurisdiccional. Razones para un debate filosófico”.  Sitio Web: http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/169099/Balbuena.pdf?sequence=1&isAllowed=y    FÒRUM DE RECERCA – ISSN 1139-5486 – http://dx.doi.org/10.6035/ForumRecerca.2014.19.5 Nº19/2014. Página 66.  Fecha de Consulta del Sitio: 23/7/2018.

[20]     BALBUENA PÉREZ, David-Eleuterio “La irrupción de la neurociencia en el proceso jurisdiccional. Razones para un debate filosófico”.  Sitio Web: http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/169099/Balbuena.pdf?sequence=1&isAllowed=y    FÒRUM DE RECERCA – ISSN 1139-5486 – http://dx.doi.org/10.6035/ForumRecerca.2014.19.5 Nº19/2014. Páginas 59-60. Fecha de Consulta del Sitio  23/7/2018. “ En el caso hipotético de que consiguiéramos implementar una técnica que nos permitiera identificar si un testigo falta a la verdad en su declaración ante un tribunal, el primer interrogante que se plantea es la posibilidad de poner en entredicho las normas procesales de valoración de la prueba (Nieva Fenoll, 2013: 176-178), de forma que podrían quedar afectadas por la introducción de esta tecnología en el proceso, la libre valoración de la prueba y las reglas de la sana crítica, que implican que la valoración por el órgano jurisdiccional de los medios probatorios no se rige por criterios o reglas legales (Borthwick, 2001: 297), sino que en las sentencias deberá expresarse con claridad la relación entre los hechos que han sido declarados probados y los medios concretos de prueba que los sustentan (Cafferata Nores, 1998: 44-49)” .   Balbuena Pérez, David-Eleuterio “La irrupción de la neurociencia en el proceso jurisdiccional. Razones para un debate filosófico”.  Sitio Web: http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/169099/Balbuena.pdf?sequence=1&isAllowed=y    FÒRUM DE RECERCA – ISSN 1139-5486 – http://dx.doi.org/10.6035/ForumRecerca.2014.19.5 Nº19/2014.  Página 61. Fecha de Consulta del Sitio: 23/7/2018.

[21]  Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Viena. Austria. Enero 2006.Pagina 5. “ En muchos países en desarrollo, las prácticas de justicia restaurativa se aplican a través de prácticas tradicionales y del derecho consuetudinario. Debido a esto, estas metodologías pueden servir para fortalecer la capacidad del sistema de justicia existente. Un reto fundamental para la justicia participativa es, sin embargo, encontrar maneras de movilizar efectivamente la participación de la sociedad civil, protegiendo, al mismo tiempo, los derechos e intereses de las víctimas y los delincuentes.” .  Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Viena. Austria. Enero 2006. Página 6.


BIBLIOGRAFIA:

BALBUENA PÉREZ, David-Eleuterio “La irrupción de la neurociencia en el proceso jurisdiccional. Razones para un debate filosófico”. http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/169099/Balbuena.pdf?sequence=1&isAllowed=y    FÒRUM DE RECERCA – ISSN 1139-5486 – http://dx.doi.org/10.6035/ForumRecerca.2014.19.5 Nº19/2014. pp. 53- 69. Fecha de Consulta del Sitio: 23/7/2018.

DEMETRIO CRESPO, EDUARDO., “Libertad de voluntad, investigación sobre el cerebro y responsabilidad penal. Aproximación a los fundamentos del moderno debate sobre Neurociencias y Derecho penal”, InDret, 2011, pp. 1, 4 ss., 31.

DEMETRIO CRESPO, E., “Prevención general e individualización judicial de la pena”, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1999.

GAZZANIGA, M.S., “El cerebro ético”. Traducción del Marta Pino Moreno. Barcelona, Paidós. 2006.

GAZZANIGA, M.S., ¿”Quién manda aquí? El libre albedrío y la ciencia del cerebro”. Traducción de Marta Pino Moreno. Paidós, Barcelona. 2012.

Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Viena. Austria. Enero 2006.

Philosophical foundations of neuroscience. Fragmento del capítulo 3″, en Bennet/ Dennet/HackerjSearle, La naturaleza de la conciencia. Cerebro, mente y lenguaje, Paidós, Nueva York, 2008a, pp. 29-64.

RADBRUCH, G.“Rechtsphilosophie”. 5′ Edition. Stuttgart, 1956, pág. 269.

ROMERO FLORES, Beatriz.“ Las neurociencias frente a la función de la pena” . Profesora Ayudante Grado Criminología Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). Sitio Web: https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2015-10033500357_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Las_neurociencias_frente_a_la_funci%F3n_de_la_pena.  ADPCP, VOL. LXVIII,  2015. Fecha de Consulta del Sitio: 23/7/2018.

RUIZ  SIERRA, Joana, “Víctima y Mediación penal”; Sitio web: http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/10614-victima-y-mediacion-penal/. Fecha de Consulta: 10/7/2018.

SCHACTER, D.L., (1999): “En busca de la memoria. El cerebro, la mente y el pasado”. Traducción de Borja Folch. Sine Qua Non, Barcelona.

SCHACTER, D.L., (2003): “Los siete pecados de la memoria”. Traducción de Joan Soler. Ariel, Barcelona.

 

 

AÇÃO PARA A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS DISCURSOS DE ÓDIO

Por Jéssica Oliveira

Os membros do Observatório Permanente de Discurso de Ódio, grupo vinculado ao Núcleo de Direito Informacional da UFSM (NUDI/UFSM), juntamente com a Coordenadora do grupo, Profa. Dra. Rosane Leal, realizaram ação de recepção para os (as) calouros (as) do curso de Direito da UFSM, que ocorreu no dia 05 de agosto de 2019.

Na data, foi distribuído o infográfico abaixo para os (as) alunos (as), explicando o que é/o que não é o discurso de ódio, quem são as suas vítimas e as formas de denúncia.

INFOGRÁFICO FINAL - DISCURSO DE ÓDIO

Ademais, foi compartilhado um aviso de porta no prédio do CCSH – Antiga Reitoria, com mensagem de volta às aulas com respeito à pluralidade.

WhatsApp Image 2019-08-09 at 11.46.33

Esperamos que tenham gostado!


Link para download do infográfico: INFOGRÁFICO DISCURSO DE ÓDIO NUDI 2019

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA E COMENTADA 32 – BLOG DO NUDI

Por Isabela Quartieri da Rosa

O presente texto analisará acordão prolatado em fevereiro de 2019, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no julgamento de apelação cível interposta por J.B.N. Na referida decisão os apelados A.B.O.B, D.C.O e V.S.F. foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais em razão publicação em rede social de mensagem com conteúdo preconceituoso associado a religiões de matriz africana.

A pesquisa foi realizada no dia 20/07/2019 com as palavras-chave “discurso de ódio”, assinalando todas as espécies de decisão. Da pesquisa foi encontrada apenas um resultado, sendo este julgado o objeto da presente análise.

Acerca do presente caso, narra a apelante que seu filho teve relacionamento com duas das três rés e que, após seu filho não estar mais envolvido com nenhuma delas, as rés acabaram por construir amizade em que os ressentimentos da relação com o ex parceiro eram comuns.

Assim, em 06 de setembro de 2015, a apelante foi informada por diversas pessoas acerca de postagem em rede mundial de computadores, em específico na rede social Facebook, sobre as mensagens de suas noras, cujo conteúdo atingia a sua honra e associava religiões de matriz africana à bruxaria.

Segundo inteiro teor da decisão, a ré teria publicado as seguintes mensagens:

A PRIMEIRA RÉ – A. compartilhou link de matéria jornalística que dava conta da descoberta de crânios humanos na Praia da Brisa (onde a autora tem casa). Em seguida, vincula sua publicação à página pessoal da TERCEIRA RÉ – V. e atribui a seguinte legenda: “AI VIVI PAULINHA (V.S.F.), SERÁ QUE A NOSSA SOGRINHA FOI FAZER OFERENDA PARA NÓS? KKKKKKKKKKKKK – #SOGRAGIRA #POMBASOGRA #EBÓRIDO”.

Ao que a TERCEIRA RÉ – V. responde: “CHUTA QUE É MACUMBA VOLTA PRO MAR OFERENDA”.

Por fim, A SEGUNDA RÉ – D. junta-se à conversa para acrescentar comentário: “Kkkkk, de repende… (sic)”.

No mérito, a decisão define que a autora sofreu danos morais em decorrência dos comentários postados pelas rés em redes sociais. Entretanto, tal decisão é relevante para o estudo dos discursos de ódio, haja vista que o desembargador realiza uma análise acerca do problema trazido pela colisão de direitos existentes em casos semelhantes ao objeto do julgado.

Esta temática reforça a dificuldade na compreensão, tanto jurídica quanto cotidiana, do limiar entre a livre manifestação do pensamento e o discurso de ódio propriamente dito. Nesse sentido, o estudo dos elementos trazidos pelo presente julgado enriquece o debate e a busca pela conscientização de como se configura o discurso de ódio na sociedade em rede.

O primeiro elemento trazido pelo julgado diz respeito a tensão entre a liberdade de expressão e o direito à honra e a privacidade. Para tanto, Norberto Bobbio afirma que nos casos de colisão de direitos fundamentais “deve-se falar de direitos fundamentais não absolutos, mas relativos, no sentido de que a tutela deles encontra, em certo ponto, um limite insuperável na tutela de um direito igualmente fundamental, mas concorrente”.

O desembargador aduz que o problema da colisão de direitos se expande com a interconexão dos indivíduos trazida pelo advento da Internet. Esta sociedade em rede, segundo ele, “dilui e fragmenta a individualidade – e, por consequência, a privacidade – na hiperinformação das redes sociais; o indivíduo existe antes e para sua dimensão virtual”.

É bem sabido que a liberdade de expressão não se constitui apenas como um direito previsto na Constituição Federal, mas representa um conjunto de outros direitos. Contudo, tal direito não é absoluto, principalmente quando colidente com outras garantias fundamentais.

Diante do problema da colisão de direitos, é necessário encontrar formas de composições que, reconhecida a relatividade dos direitos fundamentais nestes casos, promova a máxima observância desses direitos com o mínimo sacrifício deles.

Como segundo elemento do julgado, tem-se a importância da Internet nas relações sociais no Brasil e os entendimentos jurisprudenciais majoritários sobre o tema. Aqui, ocorre o levantamento de dados acerca da disseminação da Internet no cotidiano brasileiro e a liberdade de expressão, exercida em qualquer plataforma e, inclusive, a proteção de manifestações de cunho humorístico.

Após isso, o desembargador realiza um apanhado de normas relacionadas à Internet, como o Marco Civil da Internet (lei n. 12.965/2014) e julgamentos internacionais que versam sobre matéria afim.

Por fim, o voto encerra-se com a demonstração de que o tipo de manifestação como a objeto do presente julgado, não pode ser observada como exercício da liberdade de expressão tendo em vista que tal conduta mais frustra a dignidade dos outros e o bom andamento da democracia do que traz em benefício da liberdade. Quanto a esta questão, lê-se na doutrina de Daniel Sarmento os seguintes apontamentos:

(i) o hate speech é muito mais um ataque do que uma contribuição de lastro racional no debate de ideias, razão pela qual mais humilha do que soma à busca pela verdade; (ii) ele também representa um real prejuízo à democracia, porquanto seja, já que inspirado no preconceito, um fator de exclusão e desigualdade entre os partícipes do debate, afetação sobremaneira lesiva na medida em que afeta a autoestima dos segmentos minoritários e o crédito dado pelo grupo às suas posições; e (iii) esse empobrecimento da autoestima significaria um atentado tão enérgico à autorrealização dos segmentos estigmatizados que não se compensa pela autoafirmação dos indivíduos agressores.

Além disso, o voto salienta que tal tratamento de colisão de direitos já foi objeto de apreciação da Suprema Corte Brasileiro no habeas corpus n. 82424, relator Ministro Moreira Alves. Acrescenta, ainda, que neste precedente foi firmada uma zona de certeza negativa para a liberdade de expressão, qual seja, o discurso de ódio.

Verifica-se, portanto, que o contexto em que foi postado o conteúdo, foi de uma rede social com acesso virtualmente universal, à que não é associada a apelante. Acrescenta que o fato de a apelante não possuir cadastro na rede social, cenário da publicação, apenas agrava a situação, tendo em vista que “tem-se, portanto, insinuação a expensas da honra de terceiro que não poderia sequer se defender. Muito menos consentir”. Aduz que as ofensoras ultrapassaram a esfera pessoal quando se utilizaram de ofensas as religiões de matriz africana, passando assim a atingir toda a coletividade.

Dessa forma, foi dado provimento ao recurso para julgar procedente o pleito indenizatório e, por consequência, condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correção monetária e juros desde o evento danoso, qual seja, a publicação do conteúdo ofensivo, na forma do enunciado sumular n. 54 do STJ, nos termos da sentença.


REFERÊNCIAS

BOBBIO, Norberto. A era dos Direitos. Turim, Itália: Editora Campus, 1992.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível n. 0039909-77.2015.8.19.0209. Relator Custodio de Barros Tostes, 21 de fevereiro de 2019. Disponível em:  http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ProcessarConsJuris.aspx?PageSeq=0&Version=1.1.4.1. Acesso em: 23 jul. 2019.

SARMENTO, Daniel. A liberdade de expressão e o problema do “hate speech”. In: Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2006.

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA E COMENTADA 31 – BLOG DO NUDI

Por Thiago Tristão

Observatório Permanente de Discursos de Ódio na Internet, projeto desenvolvido pelo NUDI – UFSM, continua com sua pesquisa de jurisprudências que tragam o tema do Discurso de Ódio, bem como exponha a maneira pela qual o Poder Judiciário brasileiro está enfrentando essa temática.

Na presente data, venho expor um Acórdão em sede de julgamento de Apelação, fruto de minha pesquisa.

Tal decisão foi encontrada através de pesquisa realizada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), com a palavra-chave “discurso de ódio”. 02 (dois) resultados foram encontrados e, dentre esses, foi selecionado um julgado para análise.

Antes de adentrar na análise da referida decisão judicial cabe destacar que idêntica pesquisa, utilizando a mesma palavra-chave supramencionada, foi realizada nos sites do Tribunal Regional Federal da 5º Região (TRF-5) e Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA), sendo que apenas nessa segunda corte de justiça houve retorno de resultado (2 ocorrências), ainda que não relacionadas diretamente ao tema do presente trabalho.

Esse fato, numa análise perfunctória, poderia até mesmo ser festejado considerando que, em tese, não existindo demandas sendo apreciadas pelo Poder Judiciário, pressupõem a inexistência delas. Contudo, a realidade está bem distante dessa presunção inicial, ou seja, basta ingressar no mundo online para constatar como os discursos de ódio estão proliferando em progressão geométrica com os impulsos proporcionados pela Internet.

Nesse contexto, o fato das demandas envolvendo o discursos de ódio não estarem sendo enfrentadas pelas cortes de justiça brasileira proporcionalmente as violações que  acontecem na vida cotidiana, demonstram, inclusive, a necessidade de haver um estudo mais aprofundado com o escopo de responder a seguinte indagação: qual(ais) seria(m) o (s) fator(res) que leva(m) a(s) vítima(s) do discurso de ódio a não buscarem a reparação do dano que sofreram e ainda de prevenirem novas ofensas, com a devida punição dos autores, através da tutela jurisdicional?

Contudo, como a finalidade do presente trabalho está restrita a realizar comentário do acórdão proferido pelo TJPE, conforme supramencionado, passo a análise da referida decisão judicial.

O caso julgado pela 3ª Câmara Cível do TJPE, em 02 de fevereiro de 2018, trata-se de Recurso de Apelação e Recurso Adesivo. A apelante busca como o manejo do recurso judicial a reforma da sentença proferida no primeiro grau de jurisdição, para que sejam majorados o montante indenizatório a ser pago em seu favor bem como seja julgado improcedente o pedido de reconvenção formulado pela parte ex adversa, visando dessa formar afastar a condenação no ressarcimento moral. Por outro lado, a parte recorrida apresentou Recurso Adesivo, almejado a majoração do montante indenizatório que lhe foi concedido na sentença guerreada.

Em breve síntese, cabe transcrever trecho do Acórdão ora analisado que apresenta a realidade fática dos fatos levado a apreciação do Poder Judiciário, sendo que os nomes das partes litigantes (apelante e apelada) ainda que público o processo judicial e tratando-se o presente de um texto acadêmico, por cautela, foram suprimidos, tudo conforme verifica-se in verbis:

Da análise dos autos depreende-se que apelante, especialista em assuntos infantis, fez um vídeo na rede social “Snapchat”, fazendo um alerta às mães de crianças até 3 anos sobre o perigo de consumo do pirulito no formato de “bola”. Na ocasião, apelante relatou ter presenciado um engasgo sofrido por uma criança ao consumir este pirulito, sem identificá-la ou mesmo nominar a responsável por ela. No seu discurso, ela emitiu juízo de valor negativo ao questionar como uma mãe entrega um pirulito para uma criança tão pequena que terminou se entalando. A mãe da criança, apelada, ao tomar conhecimento do vídeo por meio de terceiros e identificar que o relato se tratava de seu filho, sentindo-se ofendida, replicou o vídeo, respondeu na página da Blogueira, idenficando-se e proferindo palavras injuriosas contra ela. Com esse comportamento, “A” conduziu os chamados “haters” para a página da Blogueira e fez o vídeo “viralizar” na rede, isto é, deu repercussão as imagens que ela própria havia repudiado. “B”, por seu turno, buscou reduzir a repercussão dos supostos danos causados e publicou uma nota de esclarecimento para reafirmar a sua intenção de alertar as mães a não fornecerem pirulitos naquele formato para crianças de tenra idade sem ter o desejo de ofender ou denegrir a imagem de ninguém.

Conforme se verifica, a demanda judicial ora analisada possui como cerce de discussão o dever de indenização do ofensor por danos extrapatrimoniais decorrentes de ofensas por meio das redes sociais.

Participaram do julgamento 03 Desembargadores Estaduais, sendo que a decisão do colegiado foi unânime no seguinte sentido: 1- conceder parcial procedência ao recurso de apelação (majorando não na íntegra a pretendida condenação por danos morais e desacolhendo in totum o pedido de reconvenção); 2- entenderam por prejudicado a análise do recurso adesivo apresentado pela recorrida.

Feito o relatório, é importante entender e analisar as justificativas apresentadas pelos magistrados para acolher a pretensão da apelante (parcialmente apenas no tocante ao quantum indenizatório) em sede recursal bem como por consequência entender prejudicada a pretensão da apelada em sede de recuso adesivo.

Em seu voto, o Desembargador Relator do acordão Dr. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto, em breve síntese, argumentou, in verbis:

[…] incitar comentários odiosos na página do Facebook, ultrapassou os limites do direito à livre manifestação, gerando danos à “B”, que além de ter sua imagem denegrida diante de sua reputação de seguidores e ter perdido alguns deles, teve que suportar o discurso de ódio vivenciado nas suas páginas pessoais das redes sociais, notadamente, no Facebook. Neste ponto “A” ultrapassou os limites razoáveis da liberdade de expressão que não pode ser utilizada como escudo para excessos e ilícitos, devendo ser exercida com consciência e parcimônia.

Continuou o Relator ao fundamentar sua decisão nos seguintes termos:

O grau de culpa se demonstra elevado não somente porque ela foi a responsável por dar notoriedade ao vídeo como também a realizar um discurso de ódio contra “B”, extrapolando os limites do razoável. Por outro lado, a conduta de “B” após o fato foi a de prestar nota de esclarecimento, buscando desculpar-se por eventuais danos causados sem que “A” tomasse nenhuma medida apta a minorar o sofrimento suportado por “B”.

Primeiramente, da análise do presente julgado, é possível verificar que o Poder Judiciário ainda que não tenha tecido considerações mais específicas no tocante ao discurso de ódio (conceito, grupos afins atingidos, retrocessos sociais etc), o que seria relevante levando em consideração o caso que estava sobre apreciação, aqueles análogos e ainda a lastimável crescente prática especialmente no ciberespaço, fez em mais de uma oportunidade referência a referida temática como sendo uma conduta reprovável passível de reparação para vítima o que pode ser considerado um avanço.

Além disso, o julgado foi preciso em reprovar a conduta da apelada em fomentar o ciclo da violência, ou seja, retribuir com alcance ilimitado (redes sociais) eventuais ofensas que alegava ter sofrido.

Assim, a agressão decorrente do discurso de ódio pode possuir um efeito espiral, ou seja, a vítima numa forma de proteção ou mesmo de autoafirmação muitas vezes acaba transformando-se em autor da mais agressão na medida em que repele as ofensas inicias, contribuindo mesmo que inconsistentemente para perenidade do ciclo da violência decorrente do discurso de ódio. Também acabam ocorrendo incitações de violências a serem praticadas com terceiros que tomam conhecimentos daquelas ofensas, conforme recente artigo publicado por Leal da Silva e Dalla Favera:

[…] Todos os que partilham de características distintas (raça, cor) ou comungam de posições contrárias (políticas, religiosas) ao emissor do discurso do ódio são inferiorizados e apontados como inimigos responsáveis por uma série de problemas e desgraças. Estabelece-se a lógica maniqueísta do bom (o emissor do discurso) contra o mau (características e ideias do opositor), incitando-se os demais a aniquilar todos os que representam um perigo aos seus princípios e valores, tidos como absolutos […].

Nesse contexto, sentindo-se atingida pela manifestação da apelante (blogueira) através da internet, caberia a apelada buscar adotar as providências cabíveis (esfera policial) bem como a tutela jurisdicional para que fossem reparados os danos que tivesse sofrido, seja na esfera material ou mesmo extrapatrimonial.

Por fim, não poderia deixar de mencionar, sobre a pertinente abordagem do Relator do Acórdão em ora analisado, ao sustentar que nenhum direito, ainda que previsto na Constituição Federal, pode ser considerado absoluto nos seguintes termos:

É inegável que qualquer pessoa ficaria profundamente abalada com o tom dos comentários tecidos por “A”, acontecimento que ultrapassa o mero dissabor. Isso porque mensagens postadas em redes sociais com conteúdo ofensivo à honra, nome e imagem extrapolam a liberdade de expressão, configurando prejuízos de ordem moral.

Nesse sentido, a pessoa ao promover publicação, especialmente no ambiente virtual, onde deixa transparecer, ainda que implicitamente o intuído segregacionista ao atingir grupo vulnerável (discurso de ódio), não poderá invocar os direitos e garantias constitucionais (liberdade de imprensa ou expressão, por exemplo) como manto de proteção para ilícitos que causam desconforto social.

Verificou-se, então, um avanço com o debate no tocante ao discurso de ódio, que antes era ignorado nas decisões judiciais ou, quando enfrentado, era confundido com expressões difamatórias e injuriosas dirigidas a uma vítima específica. Reacende, assim, a esperança que as cortes de justiça pátria estão buscando estar mais próximas das realidades e dos problemas sociais contemporâneos.


Referências

LEAL DA SILVA, Rosane; BOLSON DALLA FAVERA, Rafaela. Estudo do caso Klayman v. Zuckerberg and facebook: da liberdade de expressão ao discurso do ódio/Study of the case klayman v. zuckerberg and facebook: from freedom of speech to hate speech. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 13, n. 2, p. 273-292, ago. 2017. ISSN 2238-0604. Disponível em: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/923. Acesso em: 12 jul. 2019.

MEYER-PFLUG, Samanta Ribeito. Liberdade de expressão e discurso de ódio. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais., 2009

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA E COMENTADA 30 – BLOG DO NUDI

Por Pablo Domingues

O Observatório Permanente de Discursos de Ódio na Internet, projeto desenvolvido pelo NUDI – UFSM, continua com sua pesquisa por jurisprudências que tragam o tema do Discurso de Ódio, bem como busca expor de que maneira o Judiciário brasileiro tem enfrentado essa temática. Hoje, venho apresentar um Acórdão em sede de julgamento de Embargos Infringentes, fruto de minha pesquisa.

Tal decisão foi encontrada através de pesquisa realizada no site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), com a palavra-chave “discurso de ódio”. Dez resultados foram encontrados e, dentre esses, selecionei este para ser exposto e comentado.

O caso julgado pela 8ª Turma do TRF-4, em 21 de março de 2019, tratando-se de Embargos Infringentes e Nulidade em que é embargante X e embargado o Ministério Público Federal (MPF).

Os embargos foram opostos contra decisão da 8ª Turma do TRF-4, que reformou a sentença absolutória de primeiro grau, condenando a ré ao entender caracterizada a conduta delitiva presente no art. 20, §2º, da Lei n.º 7.716/89.

O julgamento da apelação já fora analisado neste Blog pela Nudiana Jéssica Freitas de Oliveira, podendo ser encontrado no seguinte endereço eletrônico: https://nudiufsm.wordpress.com/2017/09/29/jurisprudencia-selecionada-e-comentada-18/

Segunda a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, a ré teria praticado o seguinte ato delitivo:

Em 26 de outubro de 2014, às 15h24, na cidade de Caxias do Sul, a denunciada, ANGELICA MARCOLIN, incitou, por meio de seu perfil na rede social online Facebook (http://www.facebook.com.br), o preconceito contra a procedência nacional, especificamente dos cidadãos nascidos e que vivem nos estados do nordeste brasileiro. Na data dos fatos, a denunciada inseriu em sua ‘linha do tempo’ na rede social Facebook a seguinte mensagem:

Desculpem amigos, mas vou ser obrigada a falar!! Nordeste do Brasil…. Não trabalham, têm uma penca de filhos, são sustentados pelo Sul do país, pagamentos o Bolsa Família para eles, são gente ignorante, são burros, sem vontade, sem cultura e ainda sobrevivem do nosso turismo! Era óbvio que a Porca da Dilma ia ganhar lá! Como eu queria que o Sul do Brasil não pertencesse ao Brasil!! #MudaBrasil

A discussão levantada perante os Desembargadores Federais sustentou estar presente o dolo na conduta da ré, referente ao delito previsto no artigo 20, §2º, da Lei nº 7.716/89. Segue abaixo a redação do dispositivo legal:

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
Pena: reclusão de um a três anos e multa.
(…)
§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza:
Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

Participaram do julgamento 04 Desembargadores Federais e 03 Juízes Federais. Dos participantes, três votaram por dar provimento aos embargos – e absolver a ré – e três votaram em negar provimento – mantendo a condenação da ré. Por conta do empate, a Presidente da seção, Desembargadora Federal Maria de Fátima Freitas pediu vista e votou no sentido de dar provimento aos embargos.

Feito o relatório, é importante entender e analisar criticamente as justificativas apresentadas pelos magistrados para absolver a ré por ausência de dolo.

Em seu voto, a Desembargadora Federal Maria de Fátima Freitas Labarrère defendeu que

[…] em que pese a manifestação equivocada e o linguajar inapropriado, impõe-se o reconhecimento de que resta ausente o dolo específico exigido para a configuração da prática delitiva de que ora se trata. Isto porque a discriminação preconizada na norma penal guarda relação com o objetivo de anular ou restringir direitos humanos e liberdades fundamentais nos diversos campos ou domínios da vida em sociedade, o que não se configura no caso dos autos.

Nesta perspectiva, seja pelo contexto em que ocorrido o fato (após eleição acirrada), seja pela pela ausência de elemento subjetivo do tipo, além da desproporcionalidade de imposição de sanção à hipótese em tela, é de ser acolhida a pretensão defensiva.

No mesmo sentido votou o Relator, Desembargador Federal Luiz Carlos Canalli:

No caso dos autos, tenho que não restou evidenciado que as afirmações postadas em rede social pela ré tenham sido proferidas com o intento de suprimir direitos das pessoas de procedência da região nordeste do Brasil, revelando não se tratar de discurso discriminatório a configurar o tipo penal em questão. Gize-se que as falas que ensejaram a denúncia foram expressadas em uma conjuntura de embate de opiniões em torno do resultado do pleito eleitoral de 2014, e, embora grosseiras, não se confundem com discurso voltado à anulação ou restrição de direitos a determinada parcela de indivíduos. Em verdade, no contexto dos fatos, a declaração da ré se situa no âmbito da manifestação crítica que não extrapola os limites da liberdade de expressão, garantida no artigo 5º, inciso IV, da Constituição da República, sendo, portanto, insuscetível de configurar o crime disposto no artigo 20, § 2º, da Lei 7.716/89. (grifo meu)

Diante da decisão em Embargos Infringentes, entendo por crucial destacar as palavras do Relator da Apelação Criminal que deu origem aos presentes Embargos. Em seu voto vencedor, o Relator Desembargador Federal Leandro Paulsen defendeu a condenação da ré. Em suas palavras:

E é plenamente justificável na concepção de uma sociedade moderna e arraigada em princípios humanitários que a propagação de ideias preconceituosas também seja objeto de repressão penal. Não há que se perder de vista que a disseminação do discurso da intolerância, calcado em manifestações retrógradas de cunho racista, xenófobos e preconceituoso, caso tolerada, poderá conduzir a formação de fenômenos incompatíveis com o que pressupõe o ideário constitucional.

Do que se analisa do presente julgado, resta evidenciada, mais uma vez, a incapacidade do poder Judiciário em lidar com situação que envolvem preconceitos. A argumentação dos Desembargadores Federais que defendem a absolvição da ré por ausência de dolo na conduta se reveste de uma busca por justificar aquilo que está posto: preconceito. No presente caso, preconceito por procedência regional, por cultura.

Os julgadores defendem a ausência de dolo na conduta da ré, pois suas palavras seriam “apenas grosseiras” e estariam justificadas por conta da eleição presidencial de 2014. Ora, nesse sentido, defendem os julgadores que proferir ofensas, discriminações, defender que nordestinos “são gente ignorante, são burros, sem vontade, sem cultura” é justificável devido ao momento “acalorado” das eleições presidenciais.

Não resta outro sentimento além de indignação contra uma decisão nesse sentido, que relativiza o preconceito, desconsidera a pesquisa acadêmica e legitima o preconceito. Inclusive, o Desembargador Federal Leandro Paulsen, no julgamento da apelação, citou artigos científicos de produção acadêmica, expondo que:

Segundo Rosane Leal da Silva et al, o ‘discurso de ódio’ caracteriza-se pelo conteúdo segregacionista, fundado na dicotomia da superioridade do emissor e na inferioridade do atingido (a discriminação), e pela externalidade, ou seja, existirá apenas quando for dado a conhecer a outrem que não o próprio emissor.

Observa-se que o próprio julgador reconhece a existência do discurso de ódio, entende ele como sendo composto essencialmente pelo conteúdo segregacionista, mas entende que definir pessoas moradoras do Nordeste brasileiro como “sem cultura e ignorantes”, trata-se de uma mera manifestação, protegida pela liberdade de expressão.

É bem sabido e evidente que a liberdade de expressão não se constitui apenas como um direito previsto na Constituição Federal, mas representa uma luta de gerações para conseguir incluir esse direito na Carta Magna. Inclusive, de uma Constituição promulgada logo após um longo período de Ditadura Militar, onde a repressão e perseguição contra as ideias diversas era a prática do governo.

Contudo, tal direito, assim como todos, não são revestidos de proteção absoluta. Cabe à analise do caso em concreto para sopesar qual direito fundamental deve ser melhor tutelado, prevalecendo-se, eventualmente, direitos como dignidade da pessoa humana, direitos da mulher, dos negros ou, como no caso presente, direito à dignidade das pessoas nordestinas.

Em opinião pessoal deste autor, entendendo que a via criminalizante não é a correta para combater o discurso de ódio, nem qualquer violência. Isso pois me filio à corrente abolicionista da Criminologia Crítica, entendendo que que a deslegitimidade do sistema penal vem atrelada à existência da sociedade capitalista, sendo essa uma sociedade baseada sobre a desigualdade e sobre a subordinação. Assim, “substituir o direito penal por qualquer coisa melhor somente poderá acontecer quando substituirmos a nossa sociedade por uma sociedade melhor” (BARATTA, 2011, p. 207).

Porém, entendo que o não reconhecimento do discurso de ódio no presente caso – com a consequente condenação na prática de crime previsto na Lei Caó – reflete o paradigma racista e preconceituoso do judiciário brasileiro.

Nesse sentindo, entendo haver uma herança preconceituosa e seletiva no sistema de justiça penal, o que explica decisões como a ora analisada. A herança racista social e, por consequência, a seletividade racial do sistema penal, não é um problema de negros, é um problema da hierarquização racista, sexista, classista, cristã e heteronormativa que pelo Brasil se estruturou e criou bases sólidas no cerne da sociedade. Assim, para que a sua enunciação não reproduza a lógica do inimigo, tão contundentemente rebatida pela criminologia crítica, é preciso que se entenda que a herança branca da escravidão só pode ser resguardada em um contexto que reforça a inferioridade negra, bem como sua memória, saberes e agência (PIRES, 2017, p. 6).

Continuaremos a luta, dia após dia, lutando pelo reconhecimento e dignidade do povo oprimido, seja qual opressão sofra.


REFERÊNCIAS:

BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 6ª ed, 2011.

PIRES, Thula Rafaela de Oliveira. Criminologia Crítica e pacto Narcísico: Por uma crítica criminológica apreensível em pretuguês. Revista Brasileira de Ciências Criminais | vol. 135/2017 | p. 541 – 562 | Set / 2017

 

ENVIO DE TRABALHOS PARA O CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E CONTEMPORANEIDADE DA UFSM

Por Jéssica Oliveira

O Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade UFSM está com prazo aberto para envio de artigos, que vai até o dia 28 de julho de 2019 (domingo). O evento ocorre nos dias 02 e 03 de setembro de 2019.

Edital para submissão de artigos prevê as disposições gerais, procedimentos e prazos para o envio dos artigos, lista dos GT’s e turno de realização das apresentações, critérios de avaliação, prazos e procedimentos para divulgação dos artigos selecionados, apresentações orais, procedimentos após as apresentações orais e envio da versão revisada.

Lembrando alguns pontos principais do edital:

a) SUBMISSÃO: deve ser feita exclusivamente pelo e-mail artigoscongressodireito@gmail.com devendo constar no título do e-mail o nome do GT escolhido (exemplo: GT xx – Nome do GT).

c) FORMATO DO ARTIGO: o artigo deverá ser enviado usando um modelo disponível em formato Word – clique aqui para download.

c) NÚMERO MÁXIMO DE ARTIGOS: os autores poderão submeter até 2 trabalhos desde que para GTs distintos e em turnos diferentes – clique aqui para verificar o turno de cada GT.

d) NÚMERO MÁXIMO DE AUTORES E TITULAÇÃO: cada trabalho poderá ter no máximo 3 autores, sendo que pelo menos um deles deve ser graduado (em Direito ou áreas afins).

Demais informações podem ser verificadas no site do evento.

65846694_2327747817306262_5909186314174988288_n